Por primera vez, el ex ministro Julio De Vido será indagado por el caso Odebrecht. El juez Daniel Rafecas citó al diputado y a otros cuatro ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner por haber favorecido a la constructora brasileña en la adjudicación de un contrato de US$ 2.300 millones: la ampliación de los gasoductos 2006-2008. Se los acusa de haber armado una licitación a medida. Una investigación de PERFIL lo había revelado en julio.
De Vido deberá declarar el 5 de diciembre. El ex secretario de Energía, Daniel Cameron, lo hará un día antes. Cameron era el secretario de Energía. Actuaba bajo el paraguas del ministro de Planificación, pero tenía relación directa con Kirchner.
¿Qué compromete a los funcionarios? Los documentos internos a los que accedió este medio y en los que ahora se basa el juzgado de Rafecas demuestran que durante un año, el gobierno de Kirchner y Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos. Las autoridades armaron luego una licitación exprés que sólo Odebrecht podía cumplir.
De Vido está sindicado en la causa como el padre de la criatura. Se le adjudica haber modificaron las normas para que una empresa mixta, Cammesa, integrada por el Estado y por empresas privadas del sector energético, asumiera la responsabilidad legal de realizar los gasoductos y contratar a Odebrecht. Pero los documentos internos demuestran que las decisiones nunca se dejaron de digitar desde el Ejecutivo.
Dos notas de la Secretaría de Energía y un memorándum de entendimiento demuestran que desde el 16 de diciembre de 2005, un año antes de la firma del contrato para la construcción de los gasoductos, la Secretaría de Energía y Odebrecht ya estaban negociando las condiciones de la obra. El 8 de febrero de 2006, Cameron envió a Cammesa una nota en la que admitió que Odebrecht “manifestó su disposición” para realizar la obra y que “los profesionales de la Secretaría de Energía y los de la empresa Odebrecht mantuvieron reuniones de trabajo tendientes a avanzar en la estructuración financiera y técnica” de los gasoductos. “Como resultado de dichas reuniones (entre Odebrecht y la Secretaría de Energía) se elaboró un proyecto de Memorándum de Entendimiento conteniendo como partes a Cammesa y Odebrecht”, una especie de pre-contrato de obra. Cameron también sostuvo que la obra sería financiada por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (Bndes). El borrador del contrato está firmado por Flavio Faria, ejecutivo de Odebrecht en la Argentina, el mismo que figura en las planillas de sobornos de la constructora.
Las autoridades de Cammesa no querían ser los responsables legales de una negociación que les era ajena. Se negaron a contratar de forma directa a Odebrecht y acordaron llamar a una licitación por sólo 30 días para guardar las formas. Odebrecht ganó. No fue difícil. Había diseñado la obra durante casi un año.
En marzo de 2007, una junta fiscalizadora de Cammesa reaccionó cuando vio que los precios asignados por el Ejecutivo a un nuevo gasoducto (el GNEA) tenía valores mucho más bajos que los que el Gobierno había diseñado para Odebrecht. La junta pidió “suspender” el contrato con Odebrecht. El juez ordenó ayer que los miembros de la junta declaren como testigos.
Rafecas también citó a indagatoria a otros ex funcionarios: el ex subsecretario de Energía Eléctrica Bautista Marcheschi; el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; y a dos directivos de Cammesa, Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat. Para el juez, los funcionarios fueron partícipes del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y los empresarios, sus cómplices. Rafecas juzgará a los involucrados por los hechos ocurridos hasta 2007 y decidió desprenderse del grueso de la causa (los hechos entre 2007 y 2014). Los remitió a Marcelo Martínez De Giorgi. Así lo había pedido el Ejecutivo.
