El caso Odebrecht rompió ayer otro cerco. Por primera vez, un juez argentino citó a declaración indagatoria a los ejecutivos de la constructora brasileña y a sus socias locales por corrupción en la obra pública y apuntó directamente a dos de los principales empresarios del rubro en el país: Carlos Wagner, dueño de Esuco, y Benito Roggio.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó 28 indagatorias en la causa en la que investiga dos obras de la empresa estatal Aysa: se trata de dos licitaciones para la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua, una en Tigre y otra en Berazategui. En el caso está probado, según sostuvieron fuentes judiciales a PERFIL, que las licitaciones fueron digitadas y armadas a medida para que dos grupos de empresas se quedaran con los contratos. Los dos consorcios estaban integrados por dos de las constructoras brasileñas involucradas en el Lava Jato: Odebrecht y Camargo Correa. Ambas fueron con socias locales: Odebrecht se asoció con Roggio, Supercemento y José Cartellone Construcciones. Camargo Correa se alió con Esuco.
El fiscal Federico Delgado había solicitado que se indague también al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como supuesto intermediario en el pago de sobornos a funcionarios públicos. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguraron que estas citaciones no se enfocan aún en el presunto pago de sobornos sino en lo que ya está probado en la causa: que los contratos fueron hechos a medida de las constructoras y que existió un posible perjuicio al Estado, ya que los montos originales se multiplicaron a lo largo de los procesos. En la investigación, que se apoyó sobre un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), constan incrementos “injustificados” de los presupuestos y addendas a los contratos que favorecieron a las constructoras, aumentando los costos de la obra y garantizándoles incluso contratos encubiertos para otras obras que deberían haber sido licitadas.
Ese mismo año, Aysa adjudicó al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, Supercemento SA y Cartellone la construcción de una planta de potabilización de Tigre.
En enero de 2008, la licitación se había aprobado por casi $ 1.900 millones. Tres meses después, el presupuesto se elevó un 17% y quedó establecido en $ 2.224 millones. Finalmente se adjudicó en septiembre de 2008, pero el presupuesto había crecido otro 24%. Odebrecht y sus socias terminaron obteniendo el contrato por $ 2.774.921.124.
Este procedimiento violaría el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, que establece que sólo se puede ampliar el presupuesto de la obra hasta un 20% del contrato. La addenda 9 implicó toda una obra nueva que costó al menos el 30% del presupuesto del contrato con Aysa. Luego, el 13 de agosto de 2015, firmaron la addenda 12 y Aysa autorizó otra obra de pavimentación de los accesos a la planta purificadora por $ 210 millones.
Los ejecutivos de las siete constructoras deberán declarar ante el juez entre septiembre y diciembre, pero también deberán rendir explicaciones el ex presidente de Aysa, Carlos Ben, y su segundo, Raúl Biancuzzo. Todos los imputados que deberán presentarse a declarar firmaron contratos o addendas de contratos de las obras investigadas: las plantas de Paraná de Las Palmas (Tigre) y la planta Del Bicentenario (Berazategui). Eso incluye a uno de los ejecutivos centrales de Odebrecht en el país: Rodney Carvalho.
Una de las pruebas clave en el expediente son dos cartas del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (Bndes) que le aseguraban a Odebrecht y Camargo Correa el financiamiento de ambas obras de Aysa antes de que la empresa estatal de aguas siquiera llamara a una licitación pública, informaron fuentes judiciales a este medio.
El caso. En 2007, Aysa preparó el terreno para dos licitaciones. Camargo Correa y Esuco SA se quedaron con la obra de Berazategui. La planta estaba calculada en $ 324 millones, pero luego el presupuesto aumentó a $ 404,6 millones. Poco después, en 2008, la obra se terminó preadjudicando en $ 481,7 millones.
El contrato de la planta de Tigre tiene 12 addendas. Al menos dos de ellas permitieron seguir elevando el precio en otros mil millones de pesos. Gracias a esas dos modificaciones, Odebrecht y sus socias recibieron un 37% más de fondos que se destinaron a otras dos obras que deberían haberse licitado. Así, el 21 de febrero de 2014 se hicieron de un contrato para construir un acueducto en Escobar sin pasar por el proceso adecuado para obtenerlo. El proyecto costó casi $ 842 millones más.
