La Justicia comienza a avanzar sobre las socias locales de Odebrecht y otras constructoras brasileñas que habrían replicado el esquema del Lava Jato en la Argentina. Son algunas de las empresas más importantes en el esquema de la obra pública de las últimas décadas. La ola brasileña, puso en la mira de la Justicia argentina a actores desacostumbrados a pisar los tribunales, Desde Esuco, de Carlos Wagner, de excelente llegada al ex ministro Julio De Vido, hasta Iecsa, entonces de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. La lista incluye a otras grandes: Roggio; la italiana Ghella y las empresas que Odebrecht subcontrató para la megaobra de los gasoductos en 2006: Techint, Contreras Hermnaos, BTU y otra vez, Esuco.
El propio juez Sergio Moro, a cargo del Lava Jato en Brasil, dijo al colectivo periodístico Investiga Lava Jato, que integra PERFIL: “Lo que hicieron las empresas brasileñas fue terrible, reprobable, pero ciertamente no fueron las únicas que pagaron ventajas indebidas por el mundo, inclusive en otros países”. El magistrado brasileño aseguró que “ciertamente, si se busca, se van a encontrar hechos que envuelven a otras empresas, y eventualmente empresas del mismo país de las autoridades que recibieron esos montos de dinero”.
Las sospechas apuntan al pago de sobornos pero también a la cartelización de la obra pública o el diseño de licitaciones y contratos a medida. En Odebrecht incluso sostienen que para hacer obra durante el kirchnerismo, debían asociarse a una empresa local puesta a dedo por funcionarios.
Las socias locales depositan la responsabilidad de las irregularidades y sobornos en sus aliadas brasileñas. “la parte más jugosa del contrato no se manejaba en Buenos Aires sino en Brasil”, contaron a PERFIL fuentes de la empresa Roggio. Como la obra que compartían con Odebrecht recibía financiamiento de Brasil, las grandes compras de materiales y los pagos más voluminosos se hacían en el país vecino. “En Buenos Aires no veíamos las cuentas”, agregaron. Pero la alianza con la brasileña les garantizó ganar la obra de la planta potabilizado de Tigre, una obra de al menos $ 2.700 millones. “Era la regla de juego de ese momento”, se excusaron.
La causa del Lava Jato local que más avanzó hasta ahora es la investigación sobre la construcción de dos plantas potabilizadoras de Aysa. El juez Sebastián Casanello debe decidir si indaga a los ejecutivos de Odebrecht, Camargo, Roggio, Esuco, Supercemento y José Cartellone. Sospecha que las empresas se repartieron dos licitaciones hechas a medida por los funcionarios de la empresa estatal. Carlos Ben, ex director de Aysa, es uno de los que deberá rendir cuentas.
En la investigación sobre posibles coimas e irregularidades en el soterramiento del Sarmiento, el juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó una inspección de los movimientos contables de las socias locales de Odebrecht: Iecsa, Ghella y la española Comsa. La AFIP, la IGJ y los peritos de las fuerzas de Seguridad deberán buscar los pagos sospechosos. Las socias también están en la mira por el supuesto pago de coimas a funcionarios. En la causa, el principal ejecutivo de Iecsa en la mira es Javier Sánchez Caballero, entonces CEO de la empresa argentina. Aparece como supuesto intermediario de los brasileños con los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner, como reveló PERFIL.
