Daniel Scioli recibió un duro revés judicial este miércoles. Marcela Garmendia, jueza de Garantías de La Plata, dispuso un embargo por un monto de 189.200.000 pesos sobre los bienes del exgobernador bonaerense, que es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas, y le prohibió la salida del país.
La decisión de la jueza abarca también a un exfuncionarios de la gestión que gobernó la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015, el ex ministro de Salud Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Estanislao Miller, que también fueron alcanzados por el cepo para viajar al exterior.
El pedido de embargo había sido planteado la semana pasada por el fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta, quien sospecha que Miller se vio favorecido por la construcción de nueve unidades de pronta atención (UPA) durante la gestión de Scioli.
Estas medidas “resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”, argumentó entonces el fiscal.
Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco, la magistrada hizo lugar a la inhibición, advirtió una fuente judicial a la agencia Télam.
En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde "el inicio de las actuaciones" adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para "hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes".
"El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal", sostuvo la magistrada.
Flavio Gliemmo, abogado defensor de Collia, dijo a Télam que la resolución de Garmendia por la inhibición "seguramente será revocada por la Cámara de Apelaciones por cuanto no tuvo en cuenta que el propio fiscal de instrucción reconoce que no hay perjuicio al Estado como así la Fiscalía de Estado que se opuso al embargo".
Para el letrado, la decisión de Garmendia "tuvo una fundamentación aparente, acude a generalidades, desconociendo las constancias objetivas de la causa".
Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.
En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido "nunca dádivas de ninguna persona" y sostuvo que "todas las contrataciones" durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".
En su escrito, Scioli también negó que se haya "alterado" el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de "beneficiar a un proveedor determinado" y planteó que "es totalmente falsa" su supuesta "relación especial con uno de los proveedores".
Entonces, consideró que Miller "accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso".
