Después de muchas idas y vueltas, finalmente la causa por las supuestas bóvedas del empresario Lázaro Báez se investigará desde un juzgado porteño.
La Sala II de la Cámara Federal revocó una decisión de primera instancia y ordenó que el juez Sebastián Casanello analice la denuncia de la diputada Elisa Carrió que indica que el empresario desarmó cajas con dinero en una chacra de Santa Cruz.
El magistrado había intentado esquivar la causa enviándola al juzgado federal de Río Gallegos, a cargo de la jueza subrogante Andrea Belinda Askenazi Vera, cuestionada por supuestos vínculos con el kirchnerismo. Pero el fiscal federal Guillermo Marijuán apeló la medida, y su reclamo fue aceptado por el tribunal.
En “el posible desmantelamiento de una bóveda en el sótano de una chacra y el traslado de valijas con dinero y documentación a otra estancia, ambas propiedad de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (…) no corresponde separar tales hechos de la investigación principal”, resolvieron los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun.
El expediente quedó ligado entonces a la causa principal que instruye Casanello en que Báez, su hijo Martín, y los financistas Leonardo Fariña y Fernando Elascar están imputados de presunto “lavado de dinero”, informó la agencia DyN. La única parte del expediente, que irá al juzgado de Río Galleros será la referida a "la hipotética tenencia de armas y municiones" en la chacra de Baez.
Tanto el presunto desmantelamiento de la bóveda como la supuesta mudanza de los dólares y euros “en el caso de confirmarse, tienen directa vinculación con la instrucción en la que se investiga el encubrimiento de valores para darles visos de legalidad", agregaron los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal en el fallo.