Otro funcionario del Gobierno se encamina a presentar su renuncia. Se trata del titular del Inadi, Javier Buján, quien dejará su cargo en los próximos diez días, luego de meses de una tensa convivencia con sus superiores, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Según versiones que se filtraron, existieron diferencias sobre el modelo de gestión, sin embargo, la administración de Buján estuvo manchada también por denuncias de empleados del organismo, sobre supuestos ñoquis que habían sido designados, y por la reubicación de las sedes del Interior.
Para ocupar su lugar hay tres nombres en danza, aunque está practicamente definido que asumirá el radical Claudio Presman, ex legislador porteño y actual Defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Su llegada al puesto, no obstante, no obedecería a un acuerdo con el radicalismo (él es del sector de Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez) sino por sus vínculos con Garavano, Avruj y otros referentes del macrismo. También le jugaría a su favor su tarea comunitaria realizada en diferentes cargos que tuvo en organizaciones de la colectividad judía.
El rol de Buján como interventor del organismo encargado de luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo ya había sido cuestionado a mediados de marzo, cuando el Gobierno le prorrogó por noventa días su mandato (a través del decreto 176/17). En ese momento, desde el Ministerio de Justicia se aceptaba que el futuro de Buján ya estaba definido. Sin embargo, el desenlace se precipitó y el hombre que responde políticamente al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, renunciará un mes antes de que se cumplan los tres meses.
Uno de los principales problemas que tuvo Buján durante su gestión fue cuando quiso reubicar o hasta cerrar sucursales del organismo en el Interior. La manera en que fue tomada la decisión –que tenía el objetivo de reducir costos– fue lo que quedó en el centro de la escena y fue fuertemente resistido por el personal del organismo.
Antes, ya había quedado en la mira de la Casa Rosada por algunas desprolijidades, como la designación de personas que nunca fueron vistas por el organismo. Además, sigue teniendo bajo su órbita más de un centenar de empleados contratados a través de convenios con universidades, algo que desde el Gobierno quieren evitar.
El año pasado, en tanto, el interventor del Inadi había sido denunciado por dirigentes de la Coalición Cívica, que apuntaron a supuestas “maniobras maliciosas para el erario público” cuando se desempeñaba como subsecretario de Justicia porteño. Según sostenía la presentación judicial, hacía licitaciones entre dos empresas que compartían dueños.
El nuevo destino de Buján –que está de licencia como juez en el fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires– sería la Universidad de las Madres, que fue nacionalizada durante el gobierno kirchnerista luego de los desmanejos por los que quedaron apuntados Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, entre otros.n