El juez federal Norberto Oyarbide le negó hoy la excarcelación a siete de los detenidos acusados de tráfico de drogas con clientes "vip", entre ellos el presunto jefe de la banda, Rodolfo Bomparola.
Fuentes judiciales informaron que las excarcelaciones fueron rechazadas porque restan medidas de prueba por realizar y por la expectativa de pena de la imputación, lo que hace presuponer que en libertad podrían fugarse o entorpecer la investigación.
El polémico juez le rechazó la excarcelación a siete de los ocho detenidos que ayer fueron indagados, mientras que Gastón Mercau no solicitó ese beneficio y pidió quedar preso en la cárcel de Villa Devoto. En tanto, hoy declaró la modelo dominicana Zahina Rojas, liberada ayer.
Entre los acusados que seguirán detenidos se encuentran Bomparola, la novia de Alejandro Chávez -quien se suicidó cuando iba a ser detenido-, y Ricardo García, señalado como presunto proveedor de la droga.
"Mi pupilo no conoce a ningún integrante de los detenidos, solamente a la persona que se suicidó. No hay ninguna escucha que lo comprometa. No entendemos cuál es el entorpecimiento si la investigación ya está agotada. Vamos a volver a pedir la excarcelación en la Cámara Federal", le dijo a Pablo Lorenzo, abogado de García.
García fue detenido con medio kilo de marihuana y declaró en la Justicia que la tenía para consumo personal suyo y de su mujer y que la cantidad se debía a que acopiaba para no comprar de manera seguida.
Por otra parte, la modelo Rojas se presentó ante el juez, luego de que fue liberada ayer desde la comisaría donde pasó la noche. Rojas recuperó su libertad porque no fue detenida con drogas y porque por el momento no hay vínculos con los otros apresados a los que se les encontraron estupefacientes.
La modelo está imputada como integrante de la banda y ante el juez habría dicho que ella compraba droga para consumo personal y de un grupo de amigos, dijeron fuentes judiciales. Para el lunes están previstas las indagatorias de otros dos hombres que habían sido detenidos en distintos allanamientos y que recuperaron su libertad. Tras las declaraciones indagatorias, el juez tiene 10 días para resolver si los procesa, los sobresee o les dicta falta de mérito, según informó la agencia DyN.
