Mientras pasa el verano escribiendo un libro que, según él, “dará que hablar”, Pablo Schoklender espera el desenlace de la causa que lo puso otra vez en el ojo de la tormenta. Al igual que su hermano Sergio, estaba procesado por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por malversación de fondos públicos y lavado de dinero de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El magistrado fue apartado del expediente por irregularidades en la investigación y la causa volvió a foja cero. Actualmente, el juez Marcelo Martínez di Giorgi debe establecer si los Schoklender y el resto de los imputados son culpables de haber desviado fondos de la Fundación. El informe que le entregó la Auditoría General de la Nación (AGN) esta semana es clave para el juez, ya que basará gran parte de su decisión en los resultados de esa pericia. Según el informe, el Estado otorgó $1.295 millones para la adjudicación de menos de 900 viviendas, y se detectaron desvíos hacia cuentas de sus ex apoderados, Sergio y Pablo Schoklender, por $42 millones
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Pablo Schoklender dirigió el departamento de Compras de la Fundación de Bonafini hasta junio del 2011 y firmaba, junto con su presidenta, los cheques emitidos para la construcción de viviendas del plan Sueños Compartidos, financiado por el Gobierno nacional, provincias e intendencias. Asegura que Oyarbide terminará preso y que no se sorprende de las denuncias de diciembre y enero por supuestas coimas pedidas por miembros de su brigada policial en nombre de “Su Señoría y Carlos Leiva”, secretario letrado y mano derecha del juez.
—¿Que opina del reciente informe de la Auditoría General de la Nación? —Es un informe que tiene mucha información y datos. Creo que con eso más los informes de Banco Central, los 100 allanamientos, creo que la Justicia está en condiciones de elevar a juicio oral. Así nos miramos las caras y cada uno será responsable de sus actos. Pero el informe de AGN son 200 páginas con 60 mil palabras pero sólo mencionan dos nombres: Sergio y Pablo. Todo lo demás son secretarias, organismos, intendencias pero detrás de ellos había personas. Quiero que se sepa toda la verdad. —¿A dónde fueron a parar los $42 millones? —El informe tiene falencias porque no les dejaron acceder a la información del Banco Central y les dijeron que las cuentas estaban protegidas. No es así. El destino del dinero fue claro, el uso de las cuentas también. Si observás solo el ingreso pero no preguntás qué se hizo con esa plata, cometes un error. —¿Por qué recibía dinero en su cuenta personal? —La cuenta me la abrió la Fundación con el escribano Gaitán como testigo, que trabaja con las Madres. Fue durante un tiempo determinado y todos sabían, incluso el gerente general de Credicoop y la UIF. El tema no pasa por ahí. Si una jurisdicción no rindió plata a la Nación quiero que pongan el nombre propio. —¿Qué opina del discurso de Bonafini que dice que las Madres están pagando las deudas de los Schoklender? —La Fundación desde que a nosotros nos echaron ha cobrado más 150 millones de pesos con su firma. Yo quiero saber dónde y qué hicieron con esa plata. A quién le pagaron y cómo. —¿Le sorprendió la denuncia por un supuesto pedido de coima en nombre de Oyarbide y su secretario? —No. Me sorprende que todo el mundo se sorprenda por algo que todo el mundo sabe en Tribunales. Todos saben que en el juzgado número 5 hay un modus operandi en el que Oyarbide siempre trabaja con las mismas personas, su grupo de tareas. Son los que hacen los secuestros, los allanamientos y detienen 15 personas de golpe, excarcelan a 10 y luego terminan negociando sus salidas. Eso sí, pidiendo plata por las cosas secuestradas. —¿Qué rol juega Carlos Leiva, el secretario del juez? —Desde que empezó mi causa, hubo 10 personas distintas que, en nombre de Leiva me vinieron a pedir plata. Lo hicieron a través de abogados y funcionarios, incluso a mí me pasó con un abogado muy prestigioso. Todos decían que Leiva era el cajero de Oyarbide. Me pasó antes de mi detención, durante y después. —¿Qué le pedían y quién era ese famoso abogado? —Pedían plata para arreglar distintas situaciones. El abogado no es momento de dar el nombre. En todos los allanamientos a mis amigos desaparecieron cosas, algún dinero de por medio, son las cosas que dan bronca. —¿Quiénes eran los policías que realizaban los allanamientos? —Siempre es el grupo de trabajo que recibían instrucciones directas de Leiva de qué secuestrar y qué no tocar. —¿Hará una presentación judicial? —Sí. El daño que provocó es impresionante. Tiene un afán recaudador increíble. Destruye gente, familias, amigos. Me dejó en una situación desesperante. Imputó a personas conocidas mías solo por estar mencionados en una nota periodística. —¿Cree que responde a alguien? —En cuanto a su negocio, es algo personal que Oyarbide hace junto con un sector de la Policía Federal. Allana departamentos, casas en causas que después desaparecen de un día para el otro, como el caso de los jugadores de fútbol. Siempre está el dinero en el medio. —¿Cómo cree que terminará Oyarbide? —Tiene que terminar preso por extorsión, por los aprietes y abusos que cometió. Es un juez que se cree impune.
