El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni reclamó "reformar la ley y declarar imprescriptible" los delitos económicos que "comprometan sustancialmente la economía nacional" y sostuvo que el Gobierno debería "explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre".
En medio de la dura pelea que el Gobierno lleva adelante con los holdouts, Zaffaroni cuestionó la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagarles a los denominados fondos buitre, y la calificó como "un escándalo jurídico".
En tanto, expresó que siente "mucho miedo" porque "el poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico" y advirtió que una "Corte provincial" puede arruinar la vida de millones de personas.
Además, aseguró que Griesa aparece en la discusión con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 como "un personaje omnipotente", pero es un magistrado "casi municipal, de trocha muy angosta".
"No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia", enfatizó el juez, quien, sin embargo, aclaró que el actor principal de este conflicto es "el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte".
Al respecto, cuestionó al máximo tribunal de los Estados Unidos porque "hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero", al rechazar tratar la apelación argentina contra los fondos buitre.
"Esto es un escándalo jurídico. Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable. Y, por cierto, la Suprema Corte norteamericana es parte del gobierno de los Estados Unidos", señaló en una entrevista que publica hoy el diario Página/12.
Consultado sobre si considera que los lobbies han operado sobre la Corte norteamericana, Zaffaroni respondió que "no" le "extraña nada, porque la Suprema Corte norteamericana no necesita muchos lobbies para incurrir en despropósitos jurídicos".
También cuestionó que "nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial extranjero y a una Suprema Corte que declara no interesarle nada".
Por eso, aseguró que una solución frente a este tipo con conflictos es "reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional".
En este sentido, precisó que "el camino a seguir será análogo al que siguieron los delitos contra la humanidad cometidos por los políticos abusando del poder de los estados", al argumentar que "se trata de hechos políticos abusando del poder económico y también pueden causar muchos millones de muertos".
Ante la pregunta sobre qué le dice su intuición jurídica sobre cómo avanzar en el conflicto con los holdouts, el magistrado sentenció que "habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre".
"En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa", finalizó.
