El ex subcomisario Luis Abelardo Patti fue citado ayer a prestar declaración indagatoria. La audiencia, que será celebrada el próximo 3 de mayo, a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, tiene relación con una causa en la que el ex intendente de Escobar está sospechado de haber brindado protección a un ex oficial del ejército cuando el militar, investigado por violaciones a los derechos humanos, estaba prófugo de la Justicia.
Se trata de una causa en la que se investiga si Patti colaboró con el ex teniente coronel Jorge Granada para que el represor pudiera eludir la orden de captura dictada en su contra el 8 de julio de 2002. El militar está implicado en una causa por el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros durante la denominada “contraofensiva” por parte de esa agrupación, a principios de la década del 80, durante la última dictadura militar.
Patti, cuyo ingreso como legislador a la Cámara de Diputados fue rechazado por ese cuerpo por su accionar durante la dictadura militar, ya había sido procesado por “encubrimiento”, pero se declaró la nulidad de la causa por cuestiones formales y el juez federal Ariel Lijo decidió convocarlo nuevamente para que haga su descargo.
En septiembre de 2006, Lijo consideró concluida la pesquisa y tuvo por “acreditado” que Patti –cuando aún era intendente de Escobar–, “colaboró” con Jorge Horacio Granada, cuando éste se hallaba en la clandestinidad. Como se trata de un delito “correccional”, el magistrado, por ser instructor del sumario, debió desprenderse del expediente al momento de elevarlo a juicio oral y público. La causa quedó radicada entonces ante el juez federal Guillermo Montenegro, quien advirtió que el fiscal Oscar Amirante no había formulado requerimiento para que se investigara el hecho.
Amirante avaló todo lo actuado en la etapa del sumario, pero el fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal Pedro Narváiz no adhirió al recurso de Amirante y la causa volvió a Lijo. Los vaivenes del expediente pusieron a la acción penal al borde de la prescripción, lo que ahora evitaría con el llamado a indagatoria.
Fuente: DyN y Télam