La aparición de Adolfo Pérez Esquivel en la sesión del jueves, día en que los legisladores porteños debatían el traspaso de todos los ex centros clandestinos a la órbita nacional, logró posponer la discusión. “Lo que hace el Gobierno es apropiarse de la política de derechos humanos para manejarla con la historia oficial y dejar de lado a los organismos que no compartimos eso”, declaró el Premio Nobel de la Paz.
Este proyecto acordado entre el macrismo y el kirchnerismo debía convalidar el convenio firmado entre el gobierno nacional y el porteño por el que la administración de Mauricio Macri cedía a la Casa Rosada el manejo de los centros de detención clandestina que funcionaron durante la dictadura, entre los cuales se encuentran la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Virrey Cevallos, Club Atlético, Olimpo y Automotores Orletti.
Luego de la sesión, que terminó con insultos de diputados a un grupo de militantes que llegaron con Pérez Esquivel, el dirigente marcó sus diferencias con el gobierno nacional al asegurar que se destruyó todo lo que se había construido en materia de derechos humanos, y que es democrático pero tiene “una visión particular de la democracia”.
“Y no es menor lo que estoy diciendo –agregó–; no hay diálogo. La reforma constitucional de 1994 contempla plebiscitos y cuestiones populares que nunca fueron votadas. Para mí la democracia tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, son valores indivisibles”, sostuvo en InfobaeTV.
El Premio Nobel de la Paz fue más allá y sostuvo: “Para mí, ésta no es una década ganada. Es una época en la que se dieron algunos pasos y se retrocedió en otros, cuando vemos los índices de pobreza y lo que pasa con la comunidad qom”.
Sobre la figura de la Presidenta, Pérez Esquivel admitió: “A Cristina Kirchner no la escucho más en cadena nacional. Es una repetición de halagos, de cosas, de mensajes que no van al fondo de los problemas sino a la especulación política. Nosotros intentamos hablar con ella y todavía no pudimos”.
El dirigente también explicó que tampoco dialoga con Hebe de Bonafini ni Estela de Carlotto, y señaló que la titular de Madres de Plaza de Mayo tiene una forma autoritaria de pedir memoria, verdad y justicia, a diferencia de otros organismos de derechos humanos.
En tanto, organizaciones que trabajan con la problemática de la niñez y el Premio Nobel de la Paz también cuestionaron ayer el plan de emergencia del gobierno bonaerense y rechazaron la idea de bajar la edad de punibilidad.
“No es con balas y más policías como se hace frente al tema de la inseguridad. Este plan profundizará aun más la estigmatización y la criminalización que ya sufre un sector desfavorecido de la sociedad, que son los pibes y especialmente los pibes pobres”, remarcaron en un comunicado. Y agregaron: “Esta iniciativa de propiciar la baja de edad desvirtúa el necesario debate sobre un régimen penal juvenil democrático para los jóvenes de entre 16 y 18 años, que acompañe los tratados internacionales que reemplazaría el decreto ley 22.278 de la última dictadura cívico militar”.
