Pero ése no fue el único aspecto cuestionado: desde 2011 a 2015, la ex diputada Majdalani fue vicepresidenta de la comisión encargada de controlar a la ex SIDE. Ante la falta de resultados a la vista, con poquísima actividad formal (unas cuatro reuniones en tres años), en 2012 un grupo de ONGs hizo un pedido de informes para conocer datos básicos sobre el funcionamiento de la llamada Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso (que en esa época contaba con mayoría kirchnerista). No hubo respuestas, y las ONG presentaron un amparo, que a su vez fue negado en dos instancias judiciales.
Aquel caso pasó prácticamente desapercibido, en medio de la lluvia de objeciones que mereció la nominación de Arribas (amigo de Macri y representante de jugadores de fútbol) y Majdalani. Incluso Elisa Carrió reafirmó su condición de aliada incómoda del Gobierno y se opuso a la presencia del dúo al frente de la AFI. En 2012 Carrió ya había repudiado que Majdalani fuera la vicepresidenta de la comisión de control a la ex SIDE, a raíz de su “vínculo personal” con el por entonces segundo de la Secretaría de Inteligencia, Francisco Larcher. “Se contrapone con la necesaria independencia que debe revestir su cargo”, argumentó cuatro años atrás. En su defensa, Majdalani asegura que su amistad con Larcher nunca se mezcló con su trabajo pasado y actual.
Pese a las advertencias por parte de un heterogéneo grupo de organizaciones de la sociedad civil, nucleadas en Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), la Comisión de Acuerdos del Senado les dio un dictamen favorable. Con el apoyo del PRO, la UCR y un sector del peronismo, Arribas y Majdalani quedaron a un paso de ser confirmados al mando del máximo organismo de inteligencia.
Creada en 2001, siempre fue muy poco lo que se supo sobre la comisión bicameral. En 2012 estaba integrada por ocho legisladores oficialistas y seis opositores, incluida Majdalani como vice. Sus reuniones y reglamento eran secretos y, si bien estaba obligada por ley a presentar un informe ante el Ejecutivo, nadie sabía si realmente cumplía.
Ante ese panorama oscuro, la Iccsi le solicitó una serie de datos. Aquella historia de 2012 fue uno de los argumentos de las asociaciones para impugnar a Majdalani. “Si no cumplió con su rol de control ni con la mínima publicidad de la información que se le requirió, nada sugiere que vaya a hacerlo desde el órgano que es objeto de dicho control”, plantearon las ONG días atrás. Al igual que en 2012, no tuvieron éxito.
