Sin la presencia de militantes, ni panfletos, abrazos o cánticos peronistas, el kirchnerismo logró la expropiación de la imprenta ex Ciccone, que ya estaba intervenida por un decreto presidencial también ratificado anoche por el Congreso. Este jueves, no obstante, todo el arco oficialista se llamó a silencio sobre el tema más sensible para Amado Boudou y la Casa Rosada.
Sin embargo, con la intervención y la estatización de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS, ex Ciccone Calcográfica) el Gobierno aún tiene otro foco de preocupación: la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo. Pocas horas después que el Poder Legislativo aprobara la iniciativa oficial, el fiscal del caso y la oposición dieron rápidos movimientos.
Problemas contractuales. El fiscal federal Jorge Di Lello, quien pidió que se investigue al vicepresidente, su novia y familiares por enriquecimiento ilícito, le requirió al juez Lijo que solicite a la Casa de Moneda el supuesto contrato que mantenía con la CVS a raíz de una denuncia penal contra la titular del organismo y amiga de Amado Boudou, Katya Daura.
El jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, negó en público en su exposición a la Cámara de Diputados que existiera ese contrato. Sin embargo, uno de los colaboradores de Abal Medina se lo habría enviado a la senadora radical Laura Montero como anexo a su respuesta del pedido de informes que la legisladora le había enviado antes de su comparecencia.
Di Lello también pedirá a Lijo que solicite a su par del fuero comercial, que entiende en la quiebra de Ciccone Calcográfica lograda gracias a la firma London Supply, que dicte una medida para impedir el pago de la deuda que la imprenta mantiene con el fisco si no hay una persona física identificada como dueño de la imprenta de billetes.
Los verdaderos dueños de la exCiccone -y de la su firma controlante The Old Fund- es el gran misterio de la causa que compromete al Vicepresidente. El amigo y socio de Boudou, Miguel Núñez Carmona, y el presunto testaferro del vice, Alejandro Vanderbroele, también están investigados en la causa.
Resguarda papeles. El radicalismo reaccionó hoy con un pedido al juez federal Ariel Lijo para que asegure la documentación y demás elementos probatorios existentes en la investigación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, luego de la expropiación que efectivizará el Poder Ejecutivo.
Los diputados Juan Pedro Tunessi y Hugo Maldonado fueron a Tribunales a primera hora del jueves para aportar al magistrado los pedidos de informe y otros antecedentes parlamentarios vinculados a la causa.
"El juez nos manifestó su voluntad de seguir adelante en el proceso como corresponde", indicó el legislador Tunessi, quien sospecha que el Gobierno tras la sanción de la ley para expropiar a la ex Ciccone "persigue el efecto político de cierre del caso, que el caso sea desplazado de la luz pública y se apague".
Tunessi precisó que, de todas maneras, "la causa penal sigue abierta, se va a seguir investigando y el juez ha ordenado medidas probatorias", informó la agencia DyN.
