El Gobierno planea ofrecer una recompensa para dar con el paradero de Claudio Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Julio De Vido, quien se encuentra prófugo hace nueve meses y es buscado por la Justicia por la causa de la "mafia de los contenedores".
Con la medida se busca acelerar la detención del familiar político del diputado del Frente Para la Victoria, y la suma ofrecida para quien aporte datos sobre su paradero oscila entre los $ 200.000 y $ 250.000. El anuncio de la cifra depende de la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para su posterior publicación en el Boletín Oficial, según consignó La Nación.
Minnicelli permanece prófugo desde el 25 de octubre de 2016, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky lo citó a prestar declaración indagatoria por delitos que podrían mantenerlo hasta diez años en la cárcel.
Para el magistrado existen indicios suficientes para considerar que el hombre y otras siete personas -entre ellos, funcionarios de la Aduana y empresarios liderados por Oldemar Carlos "Cuki" Barreiro Laborda- integraban la "mafia de los contenedores", una presunta asociación ilícita de contrabando de mercadería que terminaba en la feria de La Salada.
Minnicelli nunca se presentó ante la Justicia, que no hizo lugar al pedido de exención de prisión que presentaron sus abogados y que por el contrario, ratificó la prisión preventiva. Los investigadores sospechan que tiene apoyo externo que le provee plata o incluso datos de inteligencia.
Federico Tiscornia, uno de los detenidos por la causa, pidió acogerse a la figura del arrepentido y complicó a Barreiro Laborda, supuesto informante a su vez del titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión.
"Barreiro Laborda me decía que en caso de no poder comunicarme con él lo efectuara con Claudio Minnicelli, quien era su mano derecha", detalló el arrepentido, cuyos abogados pidieron que quedara asentado en el acta de su declaración indagatoria que espera obtener los beneficios previstos en la ley del arrepentido que ya había aprobado el Congreso, pero que el Poder Ejecutivo aún no había publicado en el Boletín Oficial.
Minnicelli y Barreiro Laborda quedaron comprometidos en la investigación penal a partir de las escuchas que se acumularon en el expediente durante meses, con datos sobre cómo ingresaban contenedores con mercadería ilegal a cambio del pago de sobornos y cómo interactuaban con el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci, entre otros.
