La fundación Poder Ciudadano expresó “su preocupación por el avasallamiento de los organismos de control en Argentina”. A través de un comunicado, la ONG ahondó en las recientes decisiones tomadas por el ministro Aníbal Fernández.
El informe sostiene que "las recientes decisiones tomadas por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, impactan negativamente sobre el funcionamiento y la independencia de la Oficina Anticorrupción (OA)". Y agrega a continuación: “Tanto el nuevo Reglamento Interno como la suspensión de los concursos para la selección de personal técnico e idóneo para llevar adelante las investigaciones sobre actos de corrupción contradicen lo establecido por la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificadas por nuestro país en 1997 y 2006, respectivamente”.
Laura Alonso, director ejecutiva de la fundación explicó a Perfil.com que estos “pequeños retoques que se vienen dando desde hace mucho tiempo van ocasionando un daño mortal para estos organismos”. Y agregó: “El Gobierno no está haciendo ningún esfuerzo para cumplir con estas especificaciones”.
El comunicado emitido por Poder Ciudadano cuestiona además el proceso de designación de los auditores Vicente Brusca y Oscar Lamberto en la Auditoría General de la Nación. “Esta sucesión de hechos son contrarios al fortalecimiento de los órganos de control e implican un retroceso en materia de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción en Argentina”, opina el texto.
Poder Ciudadano está elaborando un informe que saldrá en algunos meses y será llevado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).