La petrolera estatal YPF entregó una licitación a una empresa manejada por el sindicalista oficialista Omar “Caballo” Suárez, pero la compañía no estaba en condiciones de cumplir el contrato cuando se lo concedió, según los documentos a los que accedió PERFIL.
Según las normas de Prefectura, los barcos remolcadores que intervienen en la llegada y estadía de los buques que traen el gas natural licuado (GNL) al país deben cumplir ciertas condiciones para garantizar las medidas de seguridad. Una de las empresas que maneja Suárez, Abadía del Mar, ganó a fines de 2013 una licitación de YPF para remolcar buques. Pero la compañía no tenía remolcadores. Alquiló el barco Argentino I, según detallaron tres gremialistas del SOMU, Alejandro Giorgi, Daniel Braña y Antonio Cennamo. Pero la nave Argentino I no cumplía con las reglas mínimas de seguridad y Prefectura le prohibió operar.
El 12 de febrero de 2014, Abadía del Mar debió presentar un documento ante Prefectura para solicitar que se le levante la prohibición de operar con el buque Argentino I. El documento dejó en evidencia que la empresa ligada a Omar Suárez había ganado una licitación ante YPF para remolcar un buque regasificador sin tener un barco en condiciones de hacer el trabajo.
A pesar de los reclamos de Abadía del Mar, Prefectura se negó a habilitar al Argentino I. Pocos días después, el SOMU decidió que los trabajadores de todas las empresas competidoras de Abadía fueran al paro. Así consta en la causa judicial contra el sindicalista que instruye el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Ante una consulta de PERFIL, YPF confirmó la licitación pero negó que la empresa no estuviera en condiciones de hacerse cargo. “A mediados del año 2013, YPF llamó a licitación para los servicios de una agencia marítima para la terminal de GNL de Bahía Blanca. Tras la presentación de las ofertas y el análisis de las mismas, se le adjudicó la licitación a la empresa Abadía del Mar por haber presentado el mejor precio y un servicio de mayor calidad. De hecho, incorporaron a la flota un barco que hasta el momento no había en el país y de mayor porte que el del resto de las compañías”, respondió YPF.
La investigación judicial en curso es por el supuesto bloqueo ilegal de varias de estas empresas. El Caballo quedó procesado. Pero los empresarios que hicieron la denuncia ya no estarían dispuestos a seguir adelante, confirmaron a PERFIL fuentes directas de la causa. Ahora se investiga la supuesta administración fraudulenta dentro del SOMU y sus empresas. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo a Alejandro Giorgi, uno de los gremialistas que enfrenta al ‘Caballo’ Suárez y que dijo que el secretario general compraba empresas que supuestamente eran del SOMU pero terminaban siendo de él y sus socios. Abadía es una de ellas, aseguró Giorgi.
Afortunados. Para poder cumplir con la licitación, Abadía corrió con la suerte de una prórroga y en mayo trajo de Perú otro barco remolcador: María Luisa II. El ex gerente técnico de Abadía del Mar, Daniel Braña, contó a PERFIL que también sospechaba que la empresa –que es una supuesta unión del SOMU con una empresa mercante privada– era un negocio privado del gremialista. Según las empresas denunciantes, ante la negativa de “contribuir” con dinero para supuestas campañas de capacitación de los afiliados del SOMU, sus empresas fueron bloqueadas o sufrieron medidas de fuerza.
El Caballo no es un sindicalista más. Aumentó su poder cuando el Ejecutivo quiso su propia compañía de bandera para transportar soja y le entregó al SOMU la única empresa argentina del sector, Maruba, que tenía deudas por US$ 50 millones. Es un aliado y un socio.
