Jueces, abogados y funcionarios judiciales se mostraron preocupados porque consideran que “fracasó” el plan de informatización que se emprendió desde el Consejo de la Magistratura. La implementación se desarrolló con un software que costó 70 millones de pesos y que, según advirtieron en reserva diferentes funcionarios de Tribunales, ya genera la “parálisis” del servicio de justicia en varios fueros. Los denunciantes alertan que la “ineficacia” del soporte informático provoca errores, evita conexidades y ha generado la pérdida de información “irrecuperable”.
Este software, que alimenta el sistema informático judicial de todo el país, se habría sin un estudio previo exhaustivo de las necesidades y las demandas del Poder Judicial. Además, las supuestas irregularidades en el trámite licitatorio generaron la renuncia del entonces administrador judicial, Hugo Borgert, quien se negó a avalar la maniobra. Por ello, el 11 de noviembre de 2010 fue nombrado como administrador general del Consejo de la Magistratura Germán Krieguer, quien según los críticos incumpliría la obligación de tener un título habilitante para manejar un presupuesto de más de 8 millones de pesos anuales.
Cuatro días después de asumir, Krieguer aprobó a través de la Resolución 2497/10 la convocatoria a la licitación de 70 millones de pesos en el marco de la implementación de un “Sistema de Gestión Integral para todas las instancias y fueros dentro del marco tecnológico definido por el Poder Judicial de la Nación”, según documentación a la que accedió PERFIL. Pese a las impugnaciones y críticas a la inconsistencia del proyecto que hicieron empresas especializadas como Equity Grouo SA, SAP y la ONG Fores, se adjudicó el proyecto millonario a la UTE (unión transitoria de empresas) conformada por Atos Origine Argentina y Base 100. El soporte implementado, según los denunciantes, impide la búsqueda de conexidades, asignaría causas de daños y perjuicios del fuero civil al fuero penal, impide asignar mediaciones, invier te los actores del ascausas y generó la pérdida de información en la Cámara Civil, entre otros fueros. Esta denuncia se suma a otras que apuntan al manejo presupuestario en el Consejo de la Magistratura, entre ellas la de un supuesto desvío de fondos millonarios por más de 150 millones de pesos en licitaciones para la adquisición de computadoras e “insumos informáticos”, realizadas a través de la Comisión de Administración y Financiera, que preside el camarista Mario Fera. Los expedientes se inician de manera irregular con un “ofrecimiento” de la empresa que finalmente resulta adjudicataria a través de normativa “derogada”.
