El Tribunal Oral Federal 3 consideró que "no existieron" los sobornos a senadores para aprobar en 2000 la ley de reforma laboral, y calificó de "embaucador" al arrepentido Mario Pontaquarto, además de calificar de "oscuro" el modo en que llegó al expediente después de una reunión en diciembre de 2003 en la Casa de Gobierno con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
"La prueba producida en el debate y las demás constancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados a lo largo de este proceso no existieron", consideraron los jueces en un resumen de los fundamentos del fallo que absolvió al expresidente Fernando De la Rúa y a otros siete acusados.
Así, señalaron que "no existió" una reunión en la Casa de Gobierno donde De la Rúa ordenó el pago de las coimas, ni un encuentro entre Fernando de Santibañes y Pontaquarto en la SIDE, ni el retiro de cinco millones de pesos papara pagar los sobornos, ni que el arrepentido llevó el dinero a la casa del entonces senador Emilio Cantarero.
Para los jueces, Pontaquarto "se contradijo, desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba, y no a imprecisiones ocasionadas por el paso del tiempo".
El tribunal detalló las contradicciones que Pontaquarto tuvo en cada lugar en el que se habrían producido los hechos (Casa de Gobierno, SIDE, departamento de Cantarero) y cómo otros testigos desacreditaron los dichos de Pontaquarto, a los que calificaron de "inverosímiles".
"El Tribunal consideró que debía resolver una causa de suma trascendencia, en la que la única prueba giraba en torno a los dichos de un embaucador que involucró a terceras personas en la comisión de un delito, viéndose afectada la vida de éstas y sus familias durante los diez años que transcurrieron desde su presentación como supuesto arrepentido", dijo el TOF 3.
Los jueces también consideraron que fue "oscuro" la manera en la que Pontaquarto llegó a la causa, luego de reunirse en diciembre de 2003 con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno y con Aníbal Ibarra, entonces jefe de Gobierno porteño.
"No quedó nada claro el motivo ni la necesidad de esas reuniones, de manera previa a la confesión", sostuvieron los magistrados, y dejaron entrever una presunta motivación política en la confesión de Pontaquarto.
"Por el contrario, la existencia de un precio, la presencia en el episodio de autoridades políticas, como así también un curioso y concomitante sumario administrativo labrado en la Secretaría de Inteligencia, constituyen episodios que, como denunciaron las defensas, pudieron dar lugar a la preconstitución de prueba, con el objeto de manipular la dirección de la investigación", explicaron.
Por eso los jueces abrieron una causa para investigar "las circunstancias que rodearon la presentación de Mario Luis Pontaquarto como supuesto arrepentido".
