Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina siempre se jactaron de ser "tolerantes" con la protesta social y que no se iban a reprimir los reclamos en la vía pública, para alejar los fantasmas de la dictadura y de los sangrientos incidentes de diciembre de 2001. Sin embargo, en desde junio de 2010 murieron en la Argentina 14 personas como consecuencia del desproporcionado accionar policial en diferentes provincias.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada, que a finales del año pasado tuvo que emprender drásticos cambios en la gestión por el crimen de Mariano Ferreyra y por los graves disturbios que desembocó la masiva toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (3 muertos y varios de heridos).
En noviembre de 2011 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Al final, el Gobierno tuvo que recibir a los qom en la Rosada.
Este triste conteó comenzó el 18 de junio de 2010, cuando la Policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro 17 años por error. El 3 de febrero de este año, un confuso episodio luego del descarrilamiento de un tren en José León Suárez terminó con dos muertes. Al principio la gobernación de Scioli dijo que se trataba de delincuentes que intentaron robar mercadería de carga, pero al final resultaron ser manifestantes repelidos a tiros por la Policía..