Una vez más el Poder Ejecutivo elaboró un Presupuesto que presenta características ante las cuales todo análisis serio se reconoce como un ejercicio de ficción.
Si bien el material para el análisis es escaso, uno de los elementos más salientes es el que da cuenta de la persistencia de estimaciones macro-fiscales improbables, basadas en cálculos conservadores sobre la evolución futura de las variables y en índices de precios manipulados.
Esta subestimación de los recursos le permite al PEN contar con excedentes presupuestarios para uso arbitrario, que valida posteriormente incrementando las partidas de gastos a través de los llamados "súper-poderes".
El gasto presupuestado puede ser definido como inercial, en tanto no se prevén mejoras en salarios ni beneficios sociales, no se reconocen cambios ni revisiones de algunas políticas sociales existentes que han recibido juicios críticos -como es el caso de los programas asistenciales de transferencias monetarias- y la persistencia del uso abusivo de los subsidios a diferentes sectores de actividad o el perfil de la política tributaria.
Otro de los rasgos característicos de la actual gestión que se mantienen es el manejo intransparente de los recursos públicos, expresado a través del uso abusivo de fondos para-presupuestarios.
Por caso, y en un contexto de opacidad informativa y discrecionalidad en su manejo, los recursos operados a través de los fondos fiduciarios continúan experimentando un crecimiento sostenido y consolidando la tergiversación que se hace mediante su uso de las razones que justificaron su creación.
La citada actitud despreciativa del Ejecutivo ante el poder parlamentario queda explicada en la vigencia de normas que habilitan la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, la inclusión en el proyecto de artículos que establecen que el poder legislativo otorga soberanía al PEN para la toma de decisiones clave.
En definitiva, el análisis del presupuesto nacional resulta un ejercicio que nos permite afirmar que el próximo año es dable esperar la continuidad de una gestión que abusa de la discrecionalidad y la intransparencia en el manejo de los recursos públicos, y desconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la definición de las políticas públicas a través de sus representantes.
(*) Integrantes el equipo de investigadores de Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP)
