El ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbattella fue procesado ayer por divulgar información reservada sobre un allanamiento realizado a tres importantes joyerías en 2010. El saliente funcionario kirchnerista, quien renunció a su cargo en diciembre de 2015, fue encontrado responsable por “delito de violación de secretos” al divulgar, a través del sitio web de la UIF, la ejecución de allanamientos en los comercios “Ricciardi”, “Paul Baker” y “El Lingote”. La resolución fue tomada por el juez federal Luis Rodríguez.
Mientras se encontraba a cargo de la UIF, Sbattella divulgó las medidas de fuerza efectuadas sobre dichos locales en el marco de una investigación por la posible comisión del delito de lavado de dinero. Esta decisión, sin embargo, violó la Ley Nº 25.246, que en su artículo 22 dictamina que todos los empleados de la unidad “están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia”.
El procesamiento, sin embargo, no incluye prisión preventiva de Sbattella, a pesar de que el inciso mencionado estipula penas que van de tres meses a seis años.
Los allanamientos se habían efectuado el 9 de febrero de 2011 en las joyerías “Ricciardi” y “Paul Baker”, ubicadas en el barrio porteño de Recoleta; y “El Lingote”, situada en Rosario.
En esa ocasión, los dueños de los comercios se habían rehusado a suministrar la información requerida. Según la UIF, el operativo tenía como objetivo investigar indicios de delitos, tales como los orígenes del dinero y los bienes involucrados.
La causa se había iniciado por una denuncia presentada en agosto de 2010 por los letrados Mauricio de Núñez, Candelaria Esteves y Guido Sciarreta, en representación del Grupo Clarín, que había imputado a Sbattella. En su defensa, el economista había aducido que la publicación del allanamiento “forma parte del mecanismo sancionador”, y que es “una práctica constante en entidades similares en otras partes del mundo”.
