Un abogado con múltiples domicilios, un escribano creador de empresas y un albañil insolvente con intervención en cinco firmas parecen ser la punta del ovillo de la controvertida historia detrás de la acusación por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió. Una historia repleta de puntos oscuros donde la diputada ve la mano de sectores de los servicios de Inteligencia y del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
El misterio podría llegar a develarse a partir de esta semana cuando, según adelantó PERFIL en su edición de ayer, el fiscal Jorge Di Lello le pida al juez federal Claudio Bonadio una batería de diligencias para saber quién es Saúl Enrique Paz, el albañil de 28 años que confesó que un tal Alan González le pagó 1.500 pesos para firmar unos papeles que resultaron ser la denuncia contra “Lilita”. Según lo que surge de los registros comerciales, Paz se inscribió como monotributista en septiembre de 2015 y desde finales de 2016 aparece integrando cinco empresas: Evgee Gestion e Island Group, con la asistencia del escribano Julio César Jiménez; y Binthash Movil, Ragar SRL e Intrial SA, con el respaldo de la escribana Andrea Gouget.
Para Carrió no pasó de-sapercibido el apellido Jiménez. “Es el mismo que intervino en el armado de la sociedad Seguridad Integral Empresaria SA. Esta sociedad estaba a cargo de la seguridad del edificio Le Parc de Puerto Madero cuando el ex fiscal Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015”, dijo la legisladora en una presentación ante el juez Daniel Rafecas a la que accedió PERFIL.
Jiménez ya había declarado en la causa ante la fiscal Viviana Fein. Y le había dicho a PERFIL que no tenía nada que ver con esas sospechas. E incluso su mujer aseguró que el problema de que a Jiménez lo llamaran tanto era porque era el que cobraba más barato para este tipo de iniciativas.
Carrió, sin embargo, vinculó a la firma creada por Jiménez con la zona liberada que funcionó el día de la muerte de Nisman, y por la cual fueron denunciados el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe del Ejército César Milani y la propia fiscal Fein. La firma que controlaba la seguridad en Le Parc “presentaría rasgos de una sociedad ‘de cobertura’ que podría tener vínculos con miembros del anterior gobierno nacional y con agentes de Inteligencia”, dijo la legisladora.
Según recordó Carrió, el escribano Jiménez también intervino en la firma American Tape, entre cuyos socios aparece Antonio Stiuso. Y también en una de las empresas de Guillermo Elazar, quien “fue la pareja de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, al momento de la muerte del fiscal”.
El otro nombre que aparece en la denuncia contra Carrió es el del abogado Mariano Noel Valdez, cuya denuncia le sirvió a la fiscal Paloma Ochoa para impulsar la causa. A los asesores de la diputada les llamó la atención que tenga reportados cuatro domicilios. Valdez ya había hecho una denuncia contra los jueces federales Rafecas y Sebastián Casanello en la que ahora Stiuso es víctima.
