En medio de los festejos por la recuperación del nieto de Estela de Carlotto, un abogado especialista en Derechos humanos nacido en Olavarría como Hurban/Guido, propone una ley para que todos los argentinos nacidos entre 1975 y 1983 demuestren que no son hijos de detenidos-desaparecidos.
Contrariando al dicho de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo –“ellos vendrán a buscarnos”- el hijo de desaparecidos, Juan Pablo Villeres le propuso a la Presidenta de la Nación que sea el Estado el que salga a buscar a los 400 nietos que aún falta encontrar.
Nadie discute la búsqueda de la justicia y la verdad. Lo cuestionable es hasta dónde el Estado debe legislar sobre la vida personal de cada ciudadano. El proyecto propuesto por Villeres generaría un banco de datos genéticos inexistente para contener los perfiles genéticos de todas las personas nacidas en el país entre los años 1975 y 1980. ¿Es posible lograrlo?
Su iniciativa contempla dos períodos: uno voluntario (los primeros meses) y otro obligatorio. El amigo de Guido Carlotto me fundamentó su iniciativa en una entrevista radial por FM Identidad. Dijo que su proyecto ya está recorriendo los distintos caminos institucionales y que está “recorriendo el país personalmente” para difundirlo.
“La idea es generar un plan para que las personas que tienen dudas sobre su identidad pero, en todo el país, puedan tener la posibilidad de llegar a la convocatoria que hace Abuelas para acercarse a sus familias biológicas”, dijo.
Hasta ahí nada raro pero la modalidad sería “a través de una ley que va a facilitarle a las personas nacidas entre 1975 y 1980 a encontrarse con grupos especiales de abordaje en su territorio así sean grandes o pequeños pueblos a través de un sistema que creemos se debe articular con el Registro Nacional de las Personas”.
Villeres continuó explicando su idea: “Sería una breve comparecencia a que puedan manifestar problemas de identidad o se les detecte una dificultad en sus instrumentos identificatorios –esto es su DNI, partida de nacimiento o pasaporte-”.
El abogado no evitó responder la pregunta puntual sobre la obligatoriedad o no del trámite: “La comparecencia es obligatoria como todo acto administrativo a los efectos de la ley pero no así el abordaje posterior y la extracción compulsiva de ADN”. Los datos se “contrastarían en el banco de datos de Abuelas”, concluyó el abogado.
La agencia de periodismo “militante” que, durante el Mundial habló de la “superioridad física y moral de un pueblo” recogió el proyecto y lo difundió rápidamente en su página web. Villeres profundizó su proyecto presentado en Casa Rosada: “Las inconsistencias documentales pueden ser las que se han detectado históricamente como fraguar la partida de nacimiento u otros indicios como el domicilio se corresponda a lugares cercanos con centros clandestinos de detención o dónde se pudo haber conocido la información de que pudo haber nacido” un bebé de una detenida.
Más allá del realismo mágico, el abogado habló de las personas que no están seguros de su identidad pero que no son hijos de desaparecidos: “Habrá que ayudar sobre esos otros casos. Creemos que debe creerse un nuevo archivo para contener ese tipo de perfiles”.
Con más dudas que certezas, Villeras insistió en que no todo el trámite es obligatorio sino “el acto de comparecencia ante la ley” que “deberá presentar cuando renueve su documento” u otro trámite. Para el abogado se trata “de un acto administrativo simple. Se hizo una renovación total de los documentos nacionales de identidad y todos lo hicimos”.
Luego de la década ganada, el padre de Paulina Lebbos consiguió que el hijo del gobernador de Tucumán, sospechado de haber tenido participación en el asesinato de su hija, se extraiga sangre para chequear su ADN. Contradicciones del relato. Mientras tanto, el kirchnerismo propone avanzar con un proyecto no exento de polémicas.
