El 24 de marzo se cumplirán 42 años del comienzo de la última dictadura militar. La más sangrienta de la historia argentina. Y sin embargo los organismos de Derechos Humanos aún no tienen la información completa de lo que pasó con sus familiares y, por ende, la búsqueda de las identidades de los hijos y los nietos se hace cuesta arriba.
El 7 de marzo, la Comisión Ejecutiva del Episcopado Católico, presidida por el obispo Oscar Ojea, puso a disposición de la Justicia la constancia de 256 bautismos realizados entre los años 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ahora, la Unidad especializada en apropiaciones de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación comenzó a investigar 55 casos de chicos bautizados en esa capilla, mientras funcionó allí el mayor centro de detención y la principal maternidad clandestina de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo llegó ese archivo a los organismos de Derechos Humanos? ¿Porqué la Iglesia aún conserva información clave para conocer lo que pasó? Este caso en particular tiene su historia. Fue el obispo castrense Santiago Olivera, quien publicitó el hallazgo desde Roma el 9 de enero luego del visto bueno del Papa Francisco. Sin embargo, él mismo reconoció que el documento no lo consiguió por un pedido de Abuelas o Madres, sino porque una periodista le preguntó si podía ver ese registro.
"Lo busqué, lo rastreé, lo encontré y me lo entregaron", contó Olivera a La Nación. Sin embargo, eligió no decir quién se lo dio ni donde lo encontró. Luego, en la página del obispado castrense habló de su "coraje y determinación" por "no dudar y una vez planteada la consulta del libro de bautismos ir por esos documentos". En ese mismo artículo, señaló: "Solo con verdad, solo con justicia, podremos encarar el futuro. Pero si hacemos una verdad a medias, o si hacemos una justicia parcializada, será mucho más difícil. Puesto que, por ejemplo, somos testigos y somos conscientes y tenemos que ser sinceros, que no se están cumpliendo algunos derechos humanos para con nuestros fieles militares y miembros de seguridad".
El martes 13 de marzo la comisión ejecutiva del Episcopado entregó una copia certificada del libro al juzgado de Sergio Torres, que instruye la megacausa ESMA, y otro a la unidad que conduce el fiscal Pablo Parenti, informó Página/12. El funcionario ya brindó un dato importante en la búsqueda de la verdad. El registro incluyó el caso de Javier Penino Viñas, un nieto que ya recuperó su identidad. Viñas fue apropiado por el marino Jorge Vildoza, que fue jefe de la patota de la ESMA. También figuran otras cuatro personas cuyas muestras de ADN fueron analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no arrojaron correspondencia con el archivo genético de ese organismo.
