El abogado querellante Rodolfo Yanzón remarcó hoy "la responsabilidad institucional de la Prefectura Naval y sus hombres" en el homicidio de Héctor Febres, tras la prisión preventiva dictada anoche por la jueza Sandra Arroyo Salgado contra los dos prefectos que estaban a cargo de la custodia del represor.
El procesamiento con prisión preventiva de los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi y de la viuda e hijos de Febres -aunque en estos casos sin prisión- por encubrimiento dictado anoche por la jueza Arroyo Salgado se encuadra en la misma línea sostenida por el abogado querellante en varias causas de delitos de lesa humanidad, entre ellas en el juicio a Febres.
"Es una decisión que robustece nuestra hipótesis de homicidio que desde un principio sostuvimos y de la responsabilidad institucional de la Prefectura como institución y de sus hombres", sostuvo el abogado integrante de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La muerte de Febres ocurrida por envenenamiento mientras estaba en una delegación de Prefectura en Tigre dio lugar a que el juez federal Sergio Torres resolviera el traslado de todos los procesados por delitos de lesa humanidad a cárceles comunes.
Entre los que fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz se encuentran el ex marino Alfredo Astiz y el represor Jorge "Tigre" Acosta, quienes estarán sentados en el banquillo de los acusados en otra de las causas que investiga delitos de lesa humanidad en la ESMA.
Yanzón respaldó la medida de Torres por sostener que ese debe ser el criterio "para todas las causas que investiguen a marinos, policías y otras fuerzas de seguridad" durante la última dictadura militar, aunque lamentó la dilatación de las otros juicios que componen la 'megacausa ESMA'.
Recordó que la muerte de Febres impidió que se conociera el primer veredicto contra un responsable por violaciones a los derechos humanos en la ESMA y en ese sentido lamentó que "con suerte debamos esperar a fines de 2008 para conocer el próximo fallo por crímenes de lesa humanidad" en ese centro clandestino.
Fuente: Télam