El presidente Alberto Fernández firmó ayer dos decretos, aceptando las renuncias de Carlos Cruz y Mariana Quevedo, presidente y vice de la Unidad de Información Financiera, en el marco de una fuerte disputa interna en el organismo entre su conducción y el área de legales, por un error que derivó en el sobreseimiento de directivos del Grupo Techint en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”.
Las tensiones entre funcionarios de la UIF, el organismo autárquico encargado de prevenir, analizar e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y los delitos económico-financieros complejos, quedaron al descubierto en septiembre pasado.
Fuentes del área indicaron que existió una equivocación procesal de un letrado, lo que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros directivos de la firma, en el expediente que indaga supuestos sobornos en obras públicas durante la gestión del kirchnerismo.
A partir de ahí se sucedieron distintos cruces entre el titular y los abogados del organismo, con el tema instalado en la agenda pública. Cruz en principio decidió sumariar a tres letrados y despedir a uno, Fernando Diez, una determinación que causó, de acuerdo a fuentes del organismo, “profundo malestar” y que sembró la sospecha de que no se quiso avanzar con suficiencia en el mencionado expediente.
La respuesta de Diez llegó con celeridad: acusó al presidente por “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales. Finalmente, Cruz decidió dar un paso al costado pero continúa en funciones hasta que designen a su sucesor. “Hace unas semanas acordamos con el señor presidente, en el tono cordial de siempre, que renunciaba a la presidencia de la UIF, cargo que mantendré hasta que se designe al nuevo titular. Así que retornaré a la actividad académica y profesional, recorriendo, como siempre, los mismos senderos para contribuir a conformar un país mejor”, dijo el funcionario.
El titular de la UIF fue nombrado por el Gobierno en diciembre de 2019 y, por los tiempos que marca la ley, asumió su cargo en 2020 no exento de críticas: la Coalición Cívica lo cuestionó por la falta de antecedentes para el área encargada de batallar contra el lavado de activos y que trabajó como abogado de uno de los hombres fuertes del PJ porteño, Víctor Santa María, referente del gremio Suterh, empresario de medios, quien tenía una causa iniciada por la UIF por supuesto lavado de dinero.
Incluso, en junio pasado, diputados del espacio que lidera Elisa Carrió denunciaron una “parálisis de la UIF”. En un pedido de informes, al que tuvo acceso PERFIL, precisaron que “el organismo tiene la obligación de presentar una rendición anual de su gestión ante el Congreso de la Nación, deber que lamentablemente a la fecha no se ha cumplido respecto del año 2020”.
Asimismo, consideraron como “grave” la “politización de la gestión y las desavenencias internas del frente de gobierno que se dejan entrever en las idas y venidas y la falta de nombramiento para ocupar cargos en el organigrama institucional, que podrían ser las causales de la afectación de la capacidad operativa de la Unidad”.
La CC de ese modo ilustró otra interna que atravesó la gestión del organismo en estos años: la relación entre Cruz y Quevedo, identificada con La Cámpora, abogada especialista en derecho tributario, nunca gozó de sintonía y hasta trascendieron desacuerdos que tuvieron como consecuencia la falta de designaciones en la Dirección de Análisis, por ejemplo.
Críticas desde el macrismo
María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la UIF y candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, cuestionó duramente la conducción de la UIF en la era de Alberto Fernández y evaluó que “el desvarío que este gobierno hizo con el organismo es vergonzoso”.
Talerico explicó que las consecuencias de tener una mala evaluación es volver a entrar en lo que se llama “lista gris”.
Según advirtió la postulante, “esto aumenta el riesgo de Argentina en materia de integridad financiera, encareciendo el acceso a los créditos internacionales, generando nuevos obstáculos para el comercio internacional pues se complica la transaccionalidad, afectando las relaciones de corresponsalía y con ello el futuro de la inversión que se necesita para generar fuentes de trabajo”.
Dijo además que la situación puede encender “importantes alertas” en el FMI.
