Revocaron la prisión domiciliaria a un represor

La Cámara Federal de La Plata envió a una prisión común a un ex agente del servicio penitenciario bonaerense acusado de cometer violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, pese a que tiene más de 70 años de edad y en primera instancia se le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria.

Según un fallo al que tuvo acceso DyN, la sala segunda de la Cámara Federal platense, con los votos de los magistrados Leopoldo Schiffrin, Gregorio Fleicher y Carlos Compaired, revocó la prisión domiciliaria para Segundo Basualdo, cuya prisión preventiva había sido decretada en mayo de 2006 por el juez de primera instancia Manuel Blanco.

La Cámara derribó así -en una semana caliente desde el punto de vista judicial en relación con causas vinculadas con los derechos humanos -, una tendencia instalada en la Justicia, que concede automáticamente la prisión domiciliaria a procesados y condenados cuando superen los 70 años de edad.

Precisamente la legislación vigente otorga a los jueces la facultad de conceder la prisión domiciliaria por cuestión de edad o si sufren una enfermedad grave en fase terminal.

El fallo está fechado el 27 de marzo pasado, tres días después de que el presidente, Néstor Kirchner, embistiera contra los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal por las demoras en resolver causas vinculadas con los derechos humanos, lo que posibilitó que fueran excarcelados represores imputados de torturas y asesinatos durante la última dictadura.

Basualdo, quien cumplió 70 años "hace algunos meses" -según reza el fallo- está imputado por "el delito de torturas en reiteradas oportunidades en perjuicio de Gabriel Manera Johnson, Luis Aníbal Rivadeneira y Raúl Eduardo Acquaviva, en concurso real con el de tormentos respecto de Arnaldo Antonio Miranda", cuando trabajaba en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario bonaerense durante la última dictadura.

El juez Schiffrin admitió que "la interpretación de buena parte de la doctrina y jurisprudencia actuales" concede la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, pero replicó quede la ley no se desprende que esa edad sea "un parámetro automático para acceder al beneficio". En ese contexto, destacó que Basualdo "no parece que presente un cuadro de salud deteriorada o afectada que pueda agravarse en una unidad de detención".

"Si a ello sumamos la calidad de los delitos imputados, este beneficio no parece balancearse para el lado de su concesión, toda vez que ninguna circunstancia relevante concurre a justificarlo", añadió.

El juez Fleicher terció que Basualdo está acusado de "acciones que conllevan insita un desprecio total por el prójimo y que formaron parte esencial de un aparato de muerte y terror en aquella oscura etapa nacional".

"A pesar de que se encuentre verificado el requisito de la edad... el juez tiene la facultad discrecional de no conceder el arresto domiciliario si entiende que tal situación puede favorecer un eventual entorpecimiento de las investigaciones o facilitar algún intento de eludir la acción de la Justicia", dijo en su voto el camarista Compaired.

En ese sentido, destacó que "desde un primer momento se ha puesto en movimiento una maquinaria destinada a obtener impunidad, borrando todo rastro de los hechos cometidos" por los presuntos represores imputados por las violaciones a los derechos humanos. La prisión domiciliaria que le había sido concedida a Basualdo por el juez de primera instancia había sido apelada por los fiscales federales Sergio Franco y Rodolfo Molina.

El abogado querellante, Alejo Ramos Padilla, opinó que "a partir de ahora y sobre la base de este sólido precedente" pedirá que "se revoquen todas las prisiones domiciliarias de aquellos represores que gocen de ese beneficio".

"Los atroces hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, por aplicación de un criterio de razonabilidad, no admiten ese beneficio. Mucho menos cuando está probado que quienes participaron de la represión organizada constantemente han estado operando para lograr su impunidad, y siguen generando daño social al mantener incierto el destino de los desaparecidos y la verdadera identidad de los casi 500 niños secuestrados durante la represión", insistió.

Fuente: DyN