Toda historia tiene un comienzo, y si bien la de la deuda argentina se puede remontar al Empréstito Baring Brothers, en este caso en particular se sitúa en la noche del 14 de noviembre, luego del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas.
Esa noche, el presidente Alberto Fernández anunció que buscaría, con el aval de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, un acuerdo con la oposición para lanzar “un programa económico plurianual” y pagar la deuda de US$ 45 mil millones que el país le adeuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y hacer crecer de manera sustentable la economía local. Una semana más tarde, el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, allegado a Fernández de Kirchner, apuntó a que “Argentina no debe apresurarse para acordar con el FMI”.
En lo inmediato, en diciembre vencen US$ 1.892 millones de capital que se le adeudan al GMI, en enero otros US$ 731 millones también de capital, en febrero US$ 372 millones de intereses y en marzo hay vencimiento de capital por US$ 2.873 millones, a los que se le deben sumar otros US$ 2 mil millones del Club de París.
No era la primera vez que en los fueros oficiales se hablaba de una posibilidad de establecer una alianza con otras naciones para que le otorguen a Argentina un “préstamo puente” hasta que pudiera obtener mejores condiciones de pago con el FMI. Pero es cierto que Ferreyra fue quien, por primera vez, las hizo públicas, e incluso destacó que “las condiciones geopolíticas maduraron, y el peronismo, con CFK y su relación directa con (Vladimir) Putin en Rusia y Xi (Jinping) en China, puede liderar un acuerdo como este. Los Estados acreedores cobrarán sus deudas, pero deberán aceptar esta estrategia por parte de Argentina”. El país haría una alianza estratégica con estas naciones, que invertirían en infraestructura para el desarrollo local, y a partir de allí el gobierno nacional les devolvería al FMI y a otros organismos internacionales en la forma que él disponga.
El tema fue retomado dos días más tarde por el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, quien aseguró que “hay que adecuar los plazos y las tasas de interés a los volúmenes de asistencia que puedan requerir los países miembros del Fondo, especialmente los países en vías de desarrollo”. En ese contexto “sería valioso explorar mecanismos bilaterales de asistencia a través de los bancos centrales y de mecanismos de swap de monedas, o la ampliación de los derechos especiales de giro que se dio este año a aquellas naciones que no los requieran”, dijo Pesce durante su exposición en el cierre de las Jornadas Monetarias organizadas por el organismo, abriendo la posibilidad para una alianza más profunda con China, con la que Argentina ya tiene un swap. Incluso, en ese mismo encuentro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en que “va a ser muy importante construir más cooperación global para resolver los problemas financieros”.
El país va a tener que ir con firmeza en avanzar en resolver esos problemas, pero va a ser necesaria la cooperación global para que las condiciones sean las aptas para que se puedan encontrar soluciones”, sostuvo el ministro.
Con la tasa de riesgo país superando los 1.800 puntos, las explicaciones oficiales no tardaron en llegar. Incluso, esa misma noche, “fuentes oficiales” dejaron en claro que de lo que se hablaba era de las naciones que recibieron este año derechos especiales de giro (DEG), la unidad de cuenta que utiliza el FMI, y no los utilizaron, como lo hizo Argentina con los US$ 4.400 que obtuvo.
Ahí el tema se pone más complejo, porque los países que impulsan esa medida son mayormente naciones pobres, y no de “tamaño medio” como Argentina, que reestructuró su deuda con acreedores privados.
Además, el problema no es el acreedor. De hecho, la tasa del 4% que le debe pagar Argentina al Fondo es menor a la del 20% que rinden los bonos que se les dieron a los acreedores privados en el canje de septiembre del año pasado.
Incluso, Argentina le tendría que pagar más a China que al Fondo si es que quiere utilizar los yuanes que tiene el Banco Central y que los contabiliza como reserva. En efecto, sobre poco más de US$ 42.500 millones que el BCRA tiene en sus arcas, unos 20.300 son de un swap con China que se remonta a la época de Martín Redrado al frente de la entidad.
El Central puede transformar una parte de esos yuanes en dólares, en cuyo caso debería pagarle una tasa de interés a su par chino en torno al 7% anual. Una vez más, el problema no es quién presta el dinero, sino que Argentina no logra superávit fiscal para abonar lo que debe. Cambiar de prestamista no parece ser el camino indicado, menos en momentos en que el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con el FMI.
