El gobierno de Santa Cruz pidió a la justicia que investigue una posible defraudación contra el Estado por el manejo de fondos previsionales, estafa que puede superar 300 mil pesos, informó hoy el ministro de la Secretaría General de la Gobernación, Gustavo Martínez.
Martínez explicó a la agencia de noticias DyN que la denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción 2 de Río Gallegos por el faltante de dinero que corresponde a aportes patronales que paga cada mes el ministerio Secretaría General de la Gobernación a ex empleados del Banco Provincia de Santa Cruz.
Fuentes de la investigación dijeron que, en principio, puede tratarse de un desfalco que se produjo al menos en los últimos tres años.
Martínez explicó a esta agencia que "está en manos de la Justicia la investigación y ellos podrán determinar cuál es el monto concreto del delito que se cometió y cuántas las personas que están involucradas en este accionar".
Por orden judicial, la policía allanó este mediodía el Banco Santa Cruz SA. para recolectar documentación que puedan aportar datos a la causa. La investigación la lleva adelante el fiscal de Instrucción, Gabriel Giordano, y apunta a establecer las responsabilidades de las instituciones que intervienen en la operación del depósito de esos fondos previsionales: el ministerio Secretaría General, el Banco Santa Cruz S.A y la Caja de Previsión Social.
El gobierno santacruceño denunció el hecho ante la Justicia, el Tribunal de Cuentas y realizó un sumario administrativo interno para investigar el caso. El fiscal de Estado, Carlos Ramos, sostuvo que "el tipo de cheques, al ser de aportes conjuntos tenían un destino específico que era la Caja de Previsión Social".
Pero parte de esos aportes, dijo, "se depositaban en al menos una cuenta corriente comercial, había un desvío de fondos".
Ramos añadió que "no sé qué habrá pasado con la Caja de Previsión que no observó el faltante de depósitos de los aportes patronales".
"Estamos hablando de una maniobra fraudulenta, en principio por parte de una persona perteneciente al ministerio de la Secretaría de la Gobernación que habría ido a realizar esos depósitos", sostuvo.
Según el fiscal de Estado, esos cheques que parten desde el ministerio "al ser varios aportes que se realizan de manera conjunta tienen una leyenda atrás que dice destinado a realizar los aportes patronales, lo cual indica que estos valores tienen un destino específico".
"Los empleados del Banco no podrían darle otro destino a ese monto que no fuera el de los aportes patronales", argumentó. En las boletas de depósito sólo se consignan los números del importe y no expresado en letras.
Sin embargo, los trámites al ministerio General de la Gobernación retornaban con los montos insertos en los comprobantes, y eso fue lo que, según las fuentes, "no daba lugar a sospechas".
