José Sbatella maneja la Unidad de Información Financiera (UIF) que tiene como objetivo reunir reportes de operaciones sospechosas que puedan estar emparentadas con actividades de lavado de dinero. Sbatella quedó en el centro de la tormenta, acusado de retener información sensible sobre el empresario K Lázaro Báez, el polémico Leonardo Fariña, y de Sergio Schoklender, el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todos casos que perjudican al Gobierno.
En una entrevista con PERFIL desmintió las acusaciones y apuntó a Clarín y a La Nación como los responsables de montar una operación de prensa en su contra.
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—Usted fue acusado de retener información sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Sergio Schoklender.
—Vamos por partes. En el caso de Schoklender hubo un proceso judicial que terminó con mi sobreseimiento definitivo, porque nadie apeló. Los medios hablan por hablar. Dijeron que se habían retenido expedientes cuando en realidad la investigación de la UIF fue la que posibilitó el procesamiento de Schoklender. Nadie pudo probar que hubo demora en la entrega de expedientes a la Justicia.
—¿Y en el caso de Lázaro Báez qué ocurrió?
—La UIF investigó ese caso desde antes de que yo asumiera la conducción. Y no lo reporta porque los documentos avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI. Lo avalan porque esos fondos provienen de actividades de la construcción y están los certificados de obra que emite el Estado como prueba. Con la legislación anterior (N. de la R.: la que regía cuando se comenzó la investigación) para poder llevar una denuncia al Ministerio Público lo que había que probar es la actividad ilícita que estaba detrás de los fondos. Si no se prueba que la obra no se hizo, o que la licitación haya sido mal adjudicada, no se puede hacer nada. Los certificados de obra en este caso probaban el origen de los fondos. Cuando aparece la denuncia a partir de la operación de (Jorge) Lanata (sic), el juez de la causa pide a la UIF si tiene antecedentes de los hechos, y ahí se lo entregamos al juez. Pero repito, para probarse el delito de lavado tiene que probarse que el dinero era mal habido, y eso lo tiene que probar la Justicia, no la UIF.
—¿Entonces no hubo nada ilegal entre Lázaro Báez y la financiera SGI?
—No hay pruebas de que se haya cometido un ilícito. Esas obras fueron pagadas por el Estado y nadie cuestionó que fueron ilícitas. Esta no es una denuncia por lavado, nosotros no podemos actuar sobre cualquier delito.
—¿Qué opina de que Lázaro haya pagado millones en alquilar habitaciones de los hoteles de los Kirchner para no usarlas?
—Esa causa está judicializada. No podemos entrar a la causa si el juez no pide colaboración.
—¿Tenían información sobre movimientos sospechosos?
—No teníamos nada en principio, porque ésa es información que surge de la contabilidad de la empresa, que debe estar en la Anses o en la AFIP.
—¿Por qué dice que hubo una operación de Lanata?
—Porque fue todo ridículo. Se presentaron testigos que después se desdijeron en la Justicia. No hay posibilidad de que la Justicia avance seriamente en esto.
—¿Usted echó cuadros técnicos y puso gente de La Cámpora en la UIF?
—Eso es otra mentira. Se fueron dos o tres personas por diferentes razones. Esta acusación fue una operación de prensa que hizo La Nación desconociendo el funcionamiento de la UIF.
—¿Por qué el juez Claudio Bonadio allanó la UIF?
—Fue desmentido por el propio juez. Se trató de un requerimiento y nosotros entregamos toda la documentación.
