El juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagar a funcionarios macristas por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Así lo reveló este sábado PERFIL. Hay varios puntos del fallo del magistrado que entran en colisión con las denuncias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Auditoría General de la Ciudad.
Los beneficiados por la decisión del juez son el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Franco Moccia; y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación de este proyecto.
El caso gira en torno a la alteración de las reglas del pliego de la licitación para supuestamente favorecer a Iecsa en 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $ 3.183 millones.
De acuerdo a las denuncias, si las reglas no se hubiesen alterado, a Iecsa le hubiese correspondido el tramo más barato del Paseo del Bajo, equivalente a menos de la mitad del presupuesto que terminó ganando.
La cartelización es un mecanismo mediante el cual las constructoras se ponen de acuerdo de antemano en quién ganará determinada licitación. Uno de los métodos utilizados es que las cómplices de la favorecida simulan ofertas por encima de los presupuestos oficiales para perder.
De acuerdo al expediente, de las seis empresas que quedaron preadjudicadas para el tramo A de la obra, cuatro ofertaron por encima del presupuesto oficial. Solo dos presentaron números para ganar: Iecsa y Corsan-Corvam. Bonadio afirmó que no vio indicios o sospechas de cartelización de la obra del Paseo del Bajo, según el fallo.
En la licitación participaron unas 260 empresas, entre ellas Techint y Roggio, Cartelone, Chediack y compañías extranjeras. Varias de estas constructoras forman parte de la causa de los cuadernos de la corrupción. Bonadio argumentó que ningún empresario se quejó ante las autoridades por el cambio de las reglas del pliego, por lo que entendía que no había habido “sorpresas”.
El juez también afirmó que según la tesis de los denunciantes, no existió perjuicio para el Estado Nacional, debido a que la alteración de las reglas del pliego de licitación solo provocó una diferencia de $ 24 millones a favor de Iecsa y que eso significa “menos del 1%” de perjuicio para el Estado en este tramo.
Los funcionarios y ex funcionarios siempre negaron las acusaciones y sostienen que se trató de una licitación internacional “100% transparente”.
Calcaterra afirmó que resulta imposible que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas de cada una de las constructoras para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra a Iecsa.
