Desde que explotó el escándalo que vincula a la Policía de Córdoba con narcotraficantes, el fiscal Enrique Senestrari comanda una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en la provincia, la cual ya le costó el puesto a un ministro y a parte de la plana mayor de la fuerza de seguridad. En su despacho, ubicado en los Tribunales Federales de la capital cordobesa, Senestrari recibió a PERFIL.
–¿Le sorprendió la repercusión de este tema?
–No, porque es un caso de enorme gravedad y creo que tiene lógica que cause estrépito. No pasa todos los días que la jefatura de drogas de la segunda ciudad del país esté involucrada en estos hechos. Esta causa es más grande de lo que parecía.
–¿Esas declaraciones comprometen a personajes del poder político?
–Se nombran autoridades de alto rango del gobierno vinculados a casos de narcotráfico, pero necesito demostrarlo. A las denuncias las recibo, las escucho, pero después me fijo si hay pruebas que las avalen. Convivo con el testimonio de narcotraficantes y consumidores. Escucho y busco pruebas, si sólo me quedara con el hecho y acusara, estaría haciendo mal mí trabajo.
–¿Cree que la plana política está preocupada con sus investigaciones?
–Esto le significó el cargo al ministro de Seguridad y al Jefe de Policía. Evidentemente, están preocupados, pero no me ofrecieron su colaboración. De la mayoría de los funcionarios de la provincia sólo recibí golpes.
–Lo acusan de politizar la causa, ¿cómo toma esas denuncias?
–Yo soy fiscal electoral y le plantee al gobierno de la provincia que hay empresas que hoy tienen concesiones públicas que hicieron aportes de campaña, algo prohibido por ley. Cuando hice ese pedido de sanción, me acusaron de ser un “fiscal K”. Cómo si decir K fuera decir delincuente. Mi ideología no interesa en esto. Yo soy un fiscal que me gustan algunas cosas que hace el gobierno nacional, y no le gustan otras. Puedo ser kirchnerista, comunista o lo que quieran, pero mi trabajo lo hago en base a pruebas. Yo he imputado funcionarios nacionales y funcionarios provinciales, y lo voy a seguir haciendo a medida que las pruebas me lo permitan. Yo no soy apolítico, pero al hacer mi trabajo todo queda de lado.
–¿Cómo tomó el pedido realizado por un grupo de jueces solicitando la intervención de la Procuradora?
–Fue un acto de absoluta mala fe, lo que vulgarmente se llama “una alcahueteada”. Una maniobra que les sirvió a otros para achacarle la culpa a los jueces y no al gobierno de Córdoba con la Policía. Yo no puedo meterme en un caso de ellos, ni se me ocurriría hacerlo. Puedo tener mi opinión, pero no le mando a la Corte una nota diciendo “me parece que trabajan poco estos señores, solicito que trabajen más”.
–Luis Juez denunció penalmente al gobernador. ¿Usted va a investigar la responsabilidad de De la Sota en el caso?
–Si hubiera alguna prueba que involucre al gobernador, ni falta hace que lo denuncie Juez, lo investigaré. Va a correr la misma suerte que el resto en caso de haber pruebas. Aquí no hay investiduras, si responsabilidades penales.
–¿Tiene miedo?
–No, hasta ahora no he tenido ninguna señal que me haga sentir temor. Si hoy a mí se me quiebra una uña, el problema lo va a tener el gobierno de la provincia de Córdoba. Si pasa algo conmigo, la lectura va a ser que me están queriendo callar, y creo que sería de personas inteligentes no hacer absolutamente nada.
