Aunque de la puerta para afuera el Gobierno nacional minimizó la crítica de la ONU al proyecto para reformar el Poder Judicial, en la Casa Rosada la noticia cayó como un balde de agua fría: a Cristina Kirchner, se sabe, le molesta y mucho ser cuestionada por organismos de prestigio internacional como las Naciones Unidas. El cruce recrudeció porque la relatora brasileña a cargo de la comisión de independencia de magistrados, Gabriela Knaul, volvió a la carga en declaraciones radiales: “Se corre el riesgo de romper la independencia del Poder Judicial. ¿Qué necesidad hay de vincular a los jueces con los partidos políticos?”.
El día anterior, el canciller, Héctor Timerman, había elevado a la ONU una “enérgica protesta” por considerar que las palabras de Knaul violaban los procedimientos de la institución. En los pasillos de la Casa Rosada también había furia, porque la condena internacional al paquete de leyes del Gobierno les generaba un dolor de cabeza no previsto.
Ayer, sin embargo, fuentes del Congreso relativizaron el rechazo de la relatora: “Que se fije cómo está la justicia brasileña antes de hablar de la nuestra”, dijo un diputado K. Para él, es una postura aislada y no una declaración de la ONU. Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General, también contratacó: “Opina (por Knauls) sin información”. Pero la reacción no fue la misma cuando, en octubre de 2012, el relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, respaldó la Ley de Medios. En ese momento, Martín Sabbatella, titular de la Afsca, se reunió con él y expuso el encuentro como un trofeo. De todas maneras, en el Gobierno no hay ninguna intención de modificar los proyectos o dar marcha atrás. Cristina Kirchner envió al Congreso varias iniciativas: una –la más polémica– para que los miembros del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de controlar a los jueces, sean electos por el voto popular. Otra, para la creación de nuevas Cámaras de Casación. Y otras para transparentar el accionar de los jueces usando la web.
Por el “pacto”, investigarán a Lorenzetti
Un nuevo capítulo se abrió ayer en torno al paquete de leyes de la llamada “democratizazión de la Justicia” y el impacto promete continuar. El fiscal federal Federico Delgado firmó un dictamen donde pide que se investigue la denuncia que presentó la diputada Elisa Carrió en donde acusa al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de celebrar un “pacto espurio” con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal también requirió que se tome declaración testimonial al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; su segunda en la Corte, Elena Higthon de Nolasco, y al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. El representante del Ministerio Público indicó en su escrito que “en virtud de lo relatado” por la diputada, “se torna necesario a efectos de determinar qué fue lo que efectivamente ocurrió, escuchar en declaración testimonial a las personas que de una u otra manera se vinculan con los hechos denunciados”. El requerimiento fiscal, que ya se encuentra en el despacho del juez federal Julián Ercolini, también alcanza a otros 22 funcionarios judiciales. Entre los citados se encuentra Gustavo Hornos, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales del país.
Carrió había denunciado durante la sesión un pacto entre el Gobierno y Lorenzetti.
