El Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF3) absolvió al expresidente Fernando De La Rúa y a los otros siete imputados por presuntos sobornos para la tramitación en el Senado de la reforma laboral, en 2000. La causa llega a su fin trece años después de que estallara el escándalo en el gobierno de la Alianza.
Los jueces escucharon las últimas palabras de los exsenadores peronistas Remo Constanzo y Ricardo Branda, luego de lo cual se retiraron a deliberar sobre el contenido de la sentencia.
La Oficina Anticorrupción había solicitado 6 años y medio de prisión para Fernando De la Rúa, en sintonía con el pedido de la Fiscalía, por el delito de "cohecho activo", o sea, por haber pagado coimas.
Para el ex jefe de la SIDE y ex banquero Fernando de Santibañes, los exsenadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo, la Fiscalía había pedido seis años de cárcel y la Oficina Anticorrupción cinco años y medio de encierro. Respecto del exsecretario parlamentario y "arrepentido" Mario Pontaquarto, la pena pedida había sido menor: un año y medio para la Fiscalía, un año en suspenso, para la Oficina Anticorrupción.
Tanto la Fiscalía como la Oficina Anticorrupción, optaron por no acusar al exministro de Trabajo Alberto Flamarique y al exsenador Ricardo Branda, por considerar que durante el debate no se produjo suficiente prueba para ello.
A las 15,30 horas, los jueces Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo dieron inicio a la lectura del fallo en los tribunales federales de Retiro.
Branda negó las coimas y dijo que esta causa penal se originó por “una operación política” del kirchnerismo para “meter preso a Isabel Perón, Carlos Menem y Fernando de la Rúa” porque, sostuvo, “necesitaba ampliar la popularidad porque había ganado sólo con el 22 por ciento de votos”.
Y Constanzo únicamente agradeció al tribunal que le ha dispensado durante este juicio y pidió a los magistrados “una sentencia consecuente con lo que acá ha quedado demostrado”.
Antes de que comenzara la audiencia, militantes de la CGT Azopardo volantearon a las puertas del TOF3 y en toda la planta baja de la sede judicial y en ellos advertían que un eventual fallo absolutorio significaría avalar un hecho de "corrupción".
