La jueza de Instrucción Alicia Iermini sobreseyó a todos los ex funcionarios del gobierno porteño imputados por la muerte de dos jóvenes aplastadas por un entrepiso que se derrumbó en el boliche Beara el 10 de setiembre de 2010.
La magistrada, además, exculpó a los dueños y administradores del local por el delito de "cohecho", y los envió a juicio oral por "doble homicidio culposo y lesiones culposas", en el siniestro donde perdieron la vida Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, y Paula Leticia Provedo, de 21.
La medida beneficia, entre otros, al ex titular del área de habilitaciones del gobierno porteño Martín Farrell, quien cesó en su cargo después de la tragedia de Beara y hoy es candidato a juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, designación que depende de la firma del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
La jueza rechazó el pedido de indagatorias para los ex funcionarios que había formulado el fiscal de instrucción Andrés Madrea, los sobreseyó por todos los delitos y lo propio hizo con los empresarios en relación con las sospechas de haber pagado sobornos para garantizar el funcionamiento de Beara.
Las presuntas coimas -según el fallo- no están registradas en sus libros y aunque aparecen anotaciones en las computadoras secuestradas durante la investigación, incluso con la palabra "cometa", la jueza consideró que no es suficiente si el indicio no está corroborado con filmaciones, testimonios, fotografías y registros bancarios y contables que lo avalen.
Iermini evaluó que aún cuando se comprobaran los pagos ilegales, es "discutible" relacionarlas con las muertes. Además, estableció que en los expedientes de habilitación no hay irregularidades, por lo que para el resto de funcionarios no hay sospecha alguna sobre pagos ilegales y, además, es imposible que les paguen a todos.
Fuentes judiciales revelaron que entre los sobreseídos figuran, además, Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Carlos Mustapich, Isaac Rasdolsky, Gustavo Amarú, Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto.
El abogado Saikauskas estaba a cargo de la Dirección de Habilitaciones Especiales; Cassano era el jefe del Departamento Esparcimiento; Mustapich, el inspector que habría dado la habilitación de Beara; Rasdolsky era el arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones; el maestro mayor de obras Amarú habría avalado la construcción derrumbada; en tanto que Camani y Pantarotto eran "gestores" de las habilitaciones.
Así, en la causa sólo quedaron procesados los integrantes de la sociedad "El viejo sabio", que administraba el boliche, y el organizador de la fiesta privada de la noche de la tragedia.
Se tata de los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, e Iván y Ronaldo Flies, así como en Maximiliano Fratino, el relacionista público que organizó la fiesta privada en la que se produjo el derrumbe.
