El informe de PPT que destapó un escándalo por supuesto lavado de dinero de la empresa Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, llegó de inmediato a la Justicia a través de cinco denuncias. Pero a dos días del programa de Jorge Lanata ninguno de los jueces sorteados aceptó, de momento, investigar la causa. Por lo que deberá intervenir el presidente de la Cámara Federal para determinar quién es el juez competente.
Los argumentos. El juzgado federal número 7, de Sebastían Casanello, había salido sorteado por la Cámara para investigar a Lázaro Báez. Hoy le envió el expediente al juzgado número 6 de Rodolfo Canicoba Corral pero éste, a última hora, se lo devolvió.
"Hay una cuestión de reglamentación. Se entiende que el juzgado que tiene que tener la causa es el que recibió la primera denuncia", explicaron altas fuentes a Perfil.com.
La disyuntiva surge a partir de dos denuncias distintas que fueron efectuadas casi en simultáneo: por un lado la del abogado particular Alejandro Sánchez Kalbermatten, que la efectuó ante Canicoba Corral y por otro lado la de Elisa Carrió que, por sorteo, llegó a manos de Casarello.
"La primera denuncia que fue sorteada, es decir, que tuvo número de expediente, fue la de Canicoba. Por eso el juez decidió enviársela", comentaron desde el juzgado número 7 a este portal.
"A último momento, cuando Casarello ya había abandonado el juzgado llegó otra vez el expediente. Canicoba Corral lo devolvió", completaron las fuentes que no pudieron anticipar los argumentos del magistrado para rechazar la causa que le envió Casarello.
Ahora todas las miradas apuntan a el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, quien debe resolver si la causa será instruida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral o por su colega Sebastián Casanello.
En declaraciones radiales, Canicoba Corral se desmarcó de la contundencia de las denuncias periodísticas y sostuvo que las cámaras ocultas no serían pruebas válidas en un expediente, y reseñó que "hay que ver" si se concretó alguna operación ilícita de lavado de dinero.
Sus palabras fueron interpretadas por los denunciantes como un posible prejuzgamiento por parte de ese magistrado, lo que podría constituir una eventual causal de recusación, indicaron a DyN fuentes judiciales.
Desde el juzgado de Sebastían Casanello fueron mucho más cautos y prefirieron no opinar sobre la validez o no de las cámaras ocultas: "El dato es que hay denuncias formales y hay que tratarlas como tales".
Mientras esto se dirime, ningún fiscal tomó cartas en el asunto. A 48 horas de transmitidas las confesiones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar -partícipes de la supuesta red de lavado-, "ningún fiscal vino a pedir las imágenes a Canal 13 para actuar de oficio", contó hoy el periodista Edgardo Alfano en Telenoche.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, emitió hoy un comunicado en el que sostiene que le ha enviado a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, "investigaciones -con un alto grado de avance- en virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias por lavado de activos" que involucran al empresario Báez.
