Una vez más, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, vuelve a aparecer vinculado a un sindicato complicado en la Justicia. Así como hace unos meses saltó a la luz una sospechosa conversación con el dirigente ferroviario preso, José Luis Pedraza, ahora Perfil.com revela su vinculación jurídica con la Obra Social de los Bancarios, que enfrenta, entre otras, la causa por la mafia de los medicamentos.
El sindicato bancario está en el blanco de la Justicia por el remediogate que se desató luego de las denuncias que lidera la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Y el estado de su obra social preocupa a afiliados y trabajadores. Perfil.com investigó varios reclamos de los lectores y allí surgió el nombre del actual ministro de Trabajo en un papel no tradicional.
El titular de la cartera laboral y actual candidato a vicejefe de Gobierno porteño, Carlos Tomada, es socio de un estudio jurídico -ubicado en Hipólito Yrigoyen 1780 1º A-, cuyo titular es el abogado Carlos Luis Robinson Marín, que defiende a La Bancaria en diversas causas.
Esto fue revelado a Perfil.com por tres fuentes independientes entre sí que conocen de cerca tanto a Marín como a Tomada. Este medio intentó contactarse con el ministro pero la pregunta sobre su relación no fue atentida. "El siempre lo niega", afirmó uno de los contactos de incuestionable confianza. El dilema adopta entonces diversas formas y consecuencias.
"Marín es un socio histórico de Tomada. Es un secreto a voces que Tomada es el abogado de La Bancaria y de otros sindicatos como el de Ferroviarios", reveló una de las fuentes que pidió no ser identificada.
Perfil.com pudo constantar, mediante la base de datos Nosis, que el abogado Carlos Marín tiene su domicilio fiscal en la dirección de la calle Yrigoyen. Y ese departamento, en donde funciona el estudio jurídico, pertenece a Carlos Alfonso Tomada.
Según el mismo sistema de información, el estudio de Tomada cambió de nombre en varias oportunidades, pero en la actualidad sólo sería conocido en el ambiente jurídico como "Estudio Marín". Ambos abogados son especialistas en Derecho Sindical y Laboral y suelen brindar seminarios en la Facultad de Derecho de la UBA.
El doble standard. Los integrantes de la "Unión de Trabajadores de la Obra Social Bancaria Argentina" (UTOSBA) se ven notablemente afectados por este vínculo. El Gobierno intervino la obra social mediante un decreto para alcanzar soluciones, pero al mismo tiempo el estudio jurídico del que es socio el ministro defiende los intereses de un sector gremial. UTOSBA, rama sindical enfrentada con el gremio liderado por Juan José Zanola, se presentó en varias ocasiones ante el Ministerio de Trabajo para reclamar la personería gremial. Pero su solicitud no fue atendida.
El nuevo Administrador Provisorio de la Obra Social, Juan Calarco, fue designado recientemente por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), órgano dirigido por Ricardo Bellagio. Sin embargo, una fuente de confianza cercana al nuevo Administrador reveló a Perfil.com que Calarco responde a Zanola; es decir, a la Obra Social la interviene una persona del mismo bando.
"Al zanolista Calarco lo propuso la propia Bancaria. Estamos en manos de la misma gente que nos dejó en la terrible situación en la que nos encontramos. Y todas nuestras quejas y demandas, ¿quién las responde del otro lado? El estudio jurídico de Tomada", reveló la fuente.
"El servicio que brindamos en la Obra Social es malísimo desde la dirección de la señora Paula Aballay (esposa de Zanola). Pero nadie se animaba a denunciar nada. Había mucha agresión hacia los empleados. Estábamos ante una persona que estaba capacitada", agregó el contacto que describió la misma situación que otros tantos usuarios y empleados del lugar. Perfil.com se intentó comunicar sin éxito con Calarco.
Gabriel González, secretario de UTOSBA, relató a este medio que con el accionar del Gobierno, tras el pedido judicial, sólo se atendió a la "trazabilidad de la medicación". "Pero la cuestión de fondo no se resolvió. El sindicato La Bancaria no se hace cargo, y las prestaciones no fueron regularizadas, a pesar de lo que diga Cristina Fernández en su decreto".
En una de las intervenciones previas de dicho organismo, se realizó una convocatoria de acreedores en la cual se presentaron a verificar más de 1000 firmas, reclamando una deuda mayor a 600 millones de pesos.
El nexo sindical. Los vínculos profesionales-laborales de Tomada con el sindicalismo datan desde la década del 90. Según su currículum vitae publicado en la web ministerial, "fue asesor laboral de diversas organizaciones gremiales y de la Confederación General del Trabajo (CGT)". En un proyecto de resolución del diputado Carlos Comi (CC-ARI), se cita: "En el año 1998, la Unión Ferroviaria contrató a la Consultora T&C, que estaba presidida por Carlos Tomada, quien en ese entonces era abogado de la CGT. Por su asesoría, la consultora recibió la suma de por los menos 150 mil dólares".
La Obra Social Bancaria Argentina atiende mayoritariamente en el Policlínico Bancario a 89.250 personas titulares que, en conjunta con sus familias, suman 121.586 afiliados.
(*) de la redacción de Perfil.com.
