Un conflicto que incluyó un sospechoso retiro de documentos

El primer fin de semana de este año, el conflicto entre el actual gobierno porteño de Mauricio Macri y el histórico gremialista Patricio Datarmini se acentuó, cuando el interventor designado por el Jefe de Gobierno, Jorge Rey, presentara una denuncia penal contra el gremio del cual Datarmini es el número dos desde comienzos de la democracia: el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).

La denuncia estuvo acompañada con un video, a través del cual el Gobierno porteño quiso demostrar que el sábado 5 de enero, a las 6 de la mañana, un camión de mudanzas cargó mobiliario y cajas extraídas de la sede de la obra social de los trabajadores del Estado porteño, ObSBA, en la avenida Rivadavia.

El hecho ocurrió un día después de que SUTECBA organizara una multitudinaria marcha en protesta de la intervención de ObSBA, que Macri acababa de anunciar. Rey efectuó la denuncia por robo de “documentación” de la mutual porteña, que por entonces estaba tomada por trabajadores que se oponían a la intervención y que le habían impedido el ingreso al interventor para comenzar a cumplir con sus nuevas funciones.

El lunes siguiente Datarmini salió a dar explicaciones y afirmó que las cajas que fueron retiradas de esa sede contenían "efectos personales" suyos y "carpetas para firmar", así como "un video". Inmediatamente después los trabajadores que tomaban la obra social dejaron ingresar al interventor designado por el gobierno de Macri.

Desde entonces, hubo idas y vueltas judiciales para determinar si la intervención era válida o no. Hasta que a fines de febrero la Justicia le dio vía libre a la decisión de Macri. Sin embargo, Datarmini continuaba en su puesto y se negaba a dejarlo. Hoy, sin mucho ruido, Datarmini renunció.