El fallo que confirmaría el procesamiento de Amado Boudou está a la espera del futuro judicial de Ricardo Echegaray. No es la situación del vice lo que divide hoy a los camaristas de la Sala I. La discusión entre los jueces pasa por disidencias sobre si el titular de la AFIP actuó o no conforme a la ley en el caso Ciccone. Las disidencias sobre este punto podrían dilatar el fallo para febrero, confirmaron a PERFIL fuentes de la causa.
Los jueces volvieron a reunirse esta semana para definir si confirman o no el procesamiento de Boudou antes de fin de año. Fuentes judiciales aseguraron a que la decisión de fondo sería unánime: la Cámara confirmaría no sólo el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, sino también el supuesto cohecho pasivo (recibir una coima) para el vice, y el cohecho activo (efectuarla) para Nicolás Ciccone. Tal como falló el juez de la causa, Ariel Lijo. Los camaristas confirmarían que la familia entregó el 70% de las acciones como un soborno al vice a cambio de obtener un salvataje para la imprenta. Es la peor noticia para Boudou y para los Ciccone.
Pero los jueces no se ponen de acuerdo sobre el rol de Echegaray. El juez Lijo descartó una responsabilidad penal del jefe del fisco por su rol en el levantamiento de la quiebra de Ciccone para que quedara en manos de The Old Fund. Pero el fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria del titular del fisco. La Cámara, con más de dos votos sobre tres, podría ordenarle al magistrado medidas contra Echegaray.
Los camaristas también discuten si el juez Lijo debería ampliar la lista de imputados: analizan si dos de las hijas de los Ciccone que tenían participación en la empresa no deberían ser indagadas en lugar de ser testigos. Revisan también detalles de la situación de Reinwick (procesado por cohecho activo); y de Pedro Amato (yerno de Ciccone y miembro de la empresa).
No es todo: discuten también si Máximo Lanusse, señalado como un hombre de Jorge Brito (Banco Macro) en la administración de The Old Fund, debería ser llamado a indagatoria. De ordenarle nuevas medidas a Lijo, la elevación de la causa a juicio oral se demoraría un tiempo más.
El fisco hizo varias presentaciones ante la Justicia sobre el caso. Incluso presentaron documentación que según el juez Lijo respaldó la versión de Echegaray, como un documento de agosto de 2010 en el que la AFIP pide al juez de la quiebra que el Estado se haga cargo de la imprenta de billetes. En el juzgado de Lijo están seguros de la decisión que tomó el juez. Pero los secretarios de la Cámara analizan si tras el ingreso de The Old Fund en la puja por Ciccone, la AFIP cambió su postura. Sospechan que pudo haber una orden que contradijo la postura original del organismo.
