Amado Boudou no sólo se separó de la periodista Agustina Kämpfer: también se mudó. Y el viernes sumó una nueva imputación: el fiscal Eduardo Taiano lo acusó de repartir dinero a militantes kirchneristas.
El vicepresidente estaba, hasta hace unos meses, en el séptimo piso del complejo Madero Center, un edificio frente al dique y al exclusivo hotel Hilton. Pero no se fue muy lejos. Alquiló otro departamento en el mismo lugar. Su contrato con la firma Searen SA (que está involucrada en el Caso Ciccone) se venció y Boudou decidió pasarse a otra unidad, más pequeña.
Igual estará cómodo. Madero Center cuenta con solarium, gimnasio, pileta cubierta y descubierta, entre otras amenities. Fue construido por el Banco Macro, de Jorge Brito, en sociedad con otras dos empresas. En ese complejo, la presidenta Cristina Kirchner compró dos departamentos y ocho cocheras. También viven allí Brito, su hijo y el empresario oficialista Cristóbal López.
Algunos bienes de Amado están conectados con el caso Ciccone. Boudou es propietario de un departamento en el piso 25 de una de las torres de River View, también en Puerto Madero. Se lo alquiló al abogado argentino Fabián Carosso Donatiello, que vive en España, pero el juez federal Ariel Lijo investiga si allí se albergó el monotributista Alejandro Vandenbroele, presidente de The Old Fund, el fondo de inversión que adquirió la imprenta. Cuando iba detrás de esa pista, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de River View, pero luego fue apartado de la causa tras una fuerte embestida del vicepresidente. Descubrieron que con dinero de Vandenbroele se pagaban los gastos del departamento. Hoy, los vientos en los tribunales de Comodoro Py soplan para otro lado. Boudou está debilitado políticamente y lo único que lo sostiene es la mano de la Presidenta.
Searen, la firma a la que Boudou le alquilaba el piso séptimo de Madero Center, fue la que puso 1,8 millones de pesos para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica –tal como reveló La Nación– cuando, según Lijo, el vicepresidente y su socio, José María Núñez Carmona, intentaban apropiarse de la compañía. Tras el escándalo, la imprenta fue estatizada por el Gobierno. Pero eso no impidió, para el magistrado, que Boudou y Carmona se quedaran con Ciccone y realizaran negocios con el Estado. Ahora la causa está en la Cámara Federal, porque el vicepresidente apeló su procesamiento. Los camaristas deben resolver si avalan el accionar de Lijo, si modifican el rumbo de la investigación o si le dan la razón a Boudou, algo complicado por la cantidad de indicios que presentó el juez federal cuando lo procesó.
La denuncia que lo involucra ahora, realizada por Juan Mussa, indica que en un despacho del Senado se le repartiría dinero en negro a militantes kirchneristas, según reveló Infobae. La polémica vino después de que se descubriera que el militante Alex Freyre cobraba $25 mil por su programa en Senado TV.
