El juez Claudio Bonadio procesó a Ricardo Jaime por la tragedia de Once, que costó la vida a 52 personas en 2012. También lo procesó por el delito de dádivas. Algo cambió ayer: el mismo juez decidió procesarlo en una causa por administración fraudulenta y la “desaparición” de casi 3 millones de pesos, pero esta vez ordenó su detención. Minutos antes de que se inicie la feria judicial.
En plena campaña electoral, un hombre clave de la era K, ícono de la corrupción del gobierno de Néstor Kirchner, era buscado por la Policía Federal para ser detenido por orden de un juez federal de extracción peronista, con llegada el Gobierno, pero miembro, sí, de lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama la “corporación judicial”.
Un juez que conoce y practica al dedillo los pormenores de la relación entre el poder político y el Poder Judicial. Un juez que no se caracteriza por detener funcionarios.
Bonadio llamó a indagatoria esta semana al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Procesó a la mayoría de los responsables del gabinete K por la tragedia de Once. Ninguno quedó detenido. Ayer, algunos de sus colegas más cercanos se mostraron desconcertados: “No es el estilo de Claudio”. El juez es uno de los máximos opositores al intento de reformar el Consejo de la Magistratura, órgano que elige y controla a los jueces. El rédito fue todo de él: el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, se enteró por los medios.
El caso. En 2003, el Belgrano Cargas, entonces en manos de privados –Macri, Roggio, Romero y los gremios de La Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Camioneros–, solicitó un subsidio por casi 4 millones de pesos para obras de infraestructura. Jaime se encargó de que el presupuesto fuera aprobado, y pagó un adelanto por casi $ 2,5 millones.
En la descripción de la supuesta maniobra, Bonadio aseguró que Jaime “intervino en las artimañas que permitieron el apoderamiento de fondos públicos por parte de las autoridades del Belgrano Cargas”. El juez habló de “un plan orquestado con la única intención de que el Belgrano recibiera fondos públicos con la mayor premura, sin importar el destino que pudieran darle sus responsables, inclusive el de su apoderamiento o desaparición”. El juzgado le imputa a Jaime la responsabilidad de haber elaborado una maniobra para que se duplicara el presupuesto de las obras, de 4 a 8 millones de pesos en cinco meses.
