Es tal el miedo que empresarios, banqueros y sindicalistas tienen a la ira kirchnerista, que un documento que la Iglesia iba a difundir sibre pobreza la semana próxima (con la adhesión de entidades empresarias y otras organizaciones sociales) corre riesgo de no ver la luz o cambiar radicalmente por el mero hecho de haber trascendido a la prensa.
La insólita situación se da en torno al documento "La Pobreza: un problema de todos". Iba a ser presentado el próximo 14 de abril por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que asesora el obispo Jorge Casaretto y preside el laico Eduardo Serantes, se decía con el aval de empresarios, banqueros y otras organizaciones de la sociedad civil. Allí se exhorta a declarar la "emergencia nacional" para afrontar la erradicación de la pobreza, advirtiendo que las situaciones de inequidad "continúan" como consecuencia de "un modelo económico que no realiza una distribución equitativa de la riqueza".
"Las situaciones de pobreza e inequidad continúan, no como consecuencia indeseada de la estructura económica, sino como el resultado de un modelo económico que no realiza una distribución equitativa de la riqueza y una síntesis entre crecimiento económico y desarrollo social", dice el documento. El texto recoge propuestas y consensos de la sociedad civil logrados en el marco del "Foro de habitantes a ciudadanos", que auspicia la Iglesia católica, y fue preparado durante meses junto a delegados de las Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), además de los representantes del sector financiero, entre otros.
Claro que ayer, cuando el documento trascendió, varios de esos "auspiciantes" entraron en pánico y dudan ahora de respaldarlo, ante la certeza de la furia con la que podría responderles el Gobierno por el cariz de la cuestión. Es sabido que términos como pobreza, inflación, críticas al modelo o la distribución de la riqueza provocan que el kirchnerismo salga con tapones de punta. Por eso ayer CGT y ATE fueron los primeros en anunciar que no estarán en el acto del próximo 14 de abril, mientras que empresarios y banqueros desesperaban para encontrar razones para "bajarse".
Fue tal el pandemonium que ante los rumores el organismo episcopal debió salir a aclarar que el sentido del texto sobre la pobreza no era "ni oficialista ni opositor". En tanto, desde el portal Valores Religiosos se indicaba que el documento había sido anticipado al ministro del Interior, Florencio Randazzo, "en un intento por despejar las dudas sobre la intención real", y se dejaba en claro que el texto todavía podía sufrir cambios.
La Iglesia, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil coincidían (hasta ayer) en asegurar que la problemática de la pobreza es "estructural", por lo cual debe interpelar a toda la sociedad. Asimismo, consideraban necesario "fomentar un Plan de Desarrollo Integral Nacional, que tenga en cuenta el crecimiento económico, social, y cultural de los argentinos (con crecimiento, productividad e inversión en forma conjunta con la generación de empleo, etc.).
En otro punto, estimaban como muy importante que pueda controlarse la inflación, que "tanto daño hace en particular a los sectores más pobres, sin caer en las políticas de ajustes que han demostrado un gran fracaso y la fractura social", y reclamaban que se garantice "un marco legal y jurídico estable, que permita proyectar a futuro; promover y asegurar una educación integral y moderna para todos los niños y jóvenes; velar por la salud y la seguridad de la población, sabiendo que en largo plazo la mejor política de seguridad es lograr una sociedad más justa e integrada".
En el documento también mostraba un cuadro de la pobreza no sólo en su aspecto económico, sino como consecuencia de políticas que terminan "relegando en el olvido el bien común, relativizando el daño social implícito en la corrupción, la evasión impositiva, la contratación de empleo sin registrarlo y el clientelismo de cualquier índole". Incluso se dugerían políticas públicas a desarrollar en el período 2010-2016, entre las que se contaban: una reforma impositiva, un "Plan Marshal" para rescatar a los niños y adolescentes de la droga, la universalización de asignaciones familiares, la reforma en el sistema educativo y la masificación de microcréditos.
Claro que luego de las repercusiones de ayer, anticipar lo que finalmente será oficializado el próximo 14 de abril es un misterio. Se duda incluso de la presentación del documento. Habrá que esperar para ver como sigue la historia.