El proyecto que presentó el Gobierno para modificar el mercado de las redes de telecomunicaciones, bajo el nombre Argentina Digital, delega sus definiciones más importantes en una futura autoridad de aplicación, una entidad que no se sabe cómo será y cuya definición quedará en manos del Poder Ejecutivo. Esta situación llevó a gran parte de los especialistas que desfilaron por el Congreso esta semana a sostener que la iniciativa es una carta de intenciones que deja las resoluciones primordiales en poder del Gobierno.
La ley va a impactar en el funcionamiento del mercado de telefonía e internet de la Argentina al fijar las condiciones en las que operan sus prestadores.
De los 76 artículos que tiene el proyecto, 28 son delegaciones para que el Gobierno diseñe la reglamentación que terminará por moldear la norma. Así, establece una importante diferencia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fijó la creación de un órgano colegiado, como la Afsca, que, por lo menos en la teoría, garantiza representación federal y de las minorías partidarias.
Este nuevo órgano, que para algunos puede ser la actual Secretaría de Comunicación, o eventualmente un ministerio, deberá dictar los reglamentos más importantes: los requisitos para pedir una licencia, las condiciones “no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos” para la interconexión de las redes, el régimen de sanciones, la gestión del espacio radioeléctrico y la implementación del Servicio Universal (posibilitar acceso de todos los habitantes). Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 48, que dice que los licenciatarios fijarán libremente los precios, pero que la autoridad de aplicación podrá regular tarifas “por razones de interés público”. Pero por el artículo 1, todas las telecomunicaciones son declaradas de “interés público”. Para los especialistas, la falta de definiciones permitirá al Gobierno sentar en la mesa de negociaciones a las principales empresas y allí definir la letra chica de la ley.
