El enfrentamiento entre el juez y el fiscal de la causa contra Lázaro Báez amenaza con golpear la investigación sobre presunto lavado de dinero.
Desconfianzas mutuas, intrigas, denuncias de amenazas, supuestos nexos políticos y una interna feroz entre el Poder Judicial y el Gobierno que fractura los tribunales federales se meten como la cola del diablo. Transformaron también esta semana en una de las peores en la vida del juez Sebastián Casanello. “Me llamó criminal”, se enfureció con Elisa Carrió cuando escuchó que la diputada lo calificó con esa palabra antes de denunciarlo por presunto encubrimiento.
Carrió presentó una denuncia y un CD con 200 fotos sobre el supuesto desarme de una bóveda de Báez en Río Gallegos, y denunció al magistrado por haberla enviado al juzgado federal de esa ciudad y por no allanar un guardamuebles, como solicitó el fiscal. PERFIL mostró ayer ese depósito con imágenes exclusivas.
El miércoles, a primera hora de la mañana, un miembro de Prefectura que acababa de bajar de un avión de línea en el aeropuerto de la capital de Santa Cruz se presentó con la denuncia y el CD de fotos en el juzgado federal. Orden de Casanello, de la que no tardó en arrepentirse. Esa misma tarde, la denuncia voló a Buenos Aires, cuando la fiscal Patricia Closter rechazó investigarlo. El fiscal Guillermo Marijuán ya había apelado la decisión del juez. Casanello consideró que no estaba declinando la denuncia sino enviándola a la jurisdicción correspondiente. En paralelo, agregó las pruebas a su causa.
“Casanello no entiende que esto es más que atenerse a los procedimientos penales. Acá se juega una batalla más grande en la que tendrá que aprender a pelear porque hasta ahora viene perdiendo”, aseguró a PERFIL un allegado al juez. El magistrado, que asumió en diciembre su cargo, debe afrontar su primer caso contra el Gobierno. Pasó de un cargo de extremo bajo perfil –era secretario de la Sala I de la Cámara Federal– a ser el blanco de los medios y la oposición, cada vez que una de sus decisiones no caen bien en el espectro anti K.
En el entorno de Casanello negaron las versiones sobre su supuesto vínculo con La Cámpora. “Es miembro del Poder Judicial desde los 22 años”, afirmaron. El juez recibe consejos de sus escasos allegados en los tribunales, que le piden que abandone su bajo perfil y comience a informar por qué toma las decisiones que toma.
Las amenazas de muerte al fiscal y sus hijas agudizaron el enfrentamiento. Esta semana, Marijuán incluso recibió un mensaje desde los medios oficiales: le dijeron que prepara una operación para desmentir las amenazas. Cuando lo alertaron, le infirieron que la información salió del juzgado de Casanello, que también investiga las amenazas contra el fiscal.
