Desde Entre Ríos
Una investigación sacude al poder económico y político de Entre Ríos: el organismo de recaudación detectó maniobras por más de 17 millones de pesos, que habrían beneficiado a 65 empresas y donde aparecen apellidos conocidos.
Desde el juzgado de Marina Barbagelata, a cargo de la Instrucción, surgen señales que indican que la dimensión del fraude podría multiplicarse por cuatro, y con altas derivaciones políticas.
El titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, hizo la denuncia, y por orden del gobernador Sergio Urribarri se sumó como querellante el fiscal de Estado, el ex diputado radical Julio Rodríguez Signes.
Las maniobras se realizaban a través de las “compensaciones tributarias de deudas y créditos”, un mecanismo incluido en el Código Fiscal provincial, que acepta una acreditación a favor de empresas proveedoras del Estado, a cuenta de impuestos provinciales, de modo que las deudas de uno y otro queden anuladas. El trámite debe pasar por ATER, Contaduría General y Tesorería General, y regresa a ATER. Se descubrió que se estaba otorgando el beneficio de la compensación por 2 millones a una empresa agrícola de Victoria que no es proveedora del Estado. El escándalo ya provocó la renuncia del tesorero general y una “larga licencia” de otra funcionaria. Ambos admitieron las operaciones ante Casaretto, ex ministro de Economía de Jorge Busti, que en la interna posterior se inclinó por Urribarri.
Oficialmente no se informó sobre las empresas beneficiadas por las maniobras, pero el sitio Análisis Digital publicó algunos nombres. El primero que llama la atención es el de la empresa El Sembrador SRL, con sede en Paraná, que es vendedora mayorista de alimentos, bebidas y cigarrillos, y es propiedad de un hermano de Miguel Galuccio, el entrerriano que encabeza YPF.
Además surgen los nombres de Derudder Hermanos y Establecimiento Metalúrgico Colón, ambas con sede en la ciudad homónima que son dueñas de la empresa Flechabus. También de Colón se menciona al grupo Delasoie (Carlos es presidente del club La Unión y dueño de estaciones de servicio y otras empresas); a una financiera y un sanatorio de Concordia; a dos empresas de la tradicional familia Berisso, de Gualeguay, y a otras de Paraná y Federación.
“Nuestra legislación manda el secreto fiscal. El objetivo es cobrar, no escrachar. Pero el delito no se extingue por pagar. Yo tengo la función de recaudar. Después se hará el juicio”, indicó Casaretto y agregó: “Si una empresa debe $ 2 millones y aparece un empleado borrándole esa deuda, imagino que no lo habrá hecho de gauchada”.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo: “Vamos a aplicar la Ley hasta las últimas consecuencias a todo el que haya estado vinculado con este tema sin importar color político”.
Respuestas a la imputación
En las empresas beneficiadas por el fraude, aparece mencionada El Sembrador SRL, de Paraná, que remite a la familia Galuccio. Voceros de YPF manifestaron a PERFIL que “la empresa El Sembrador SRL no es de Miguel Galuccio. Es de Julio, su hermano”. Julio Galuccio emitió un comunicado en el que dijo que “la empresa El Sembrador SRL tiene distintas deudas con ATER y está en pleno proceso de regularización”. Agregó que la firma “no ha participado de ninguna maniobra dolosa”. Y dijo que ninguno
de sus hermanos “es socio, accionista o directivo de El Sembrador SRL”.
