Vínculos entre un asesor del Gobierno y uno de los socios de Cristóbal López

El mundillo de los especialistas argentinos en la lucha contra el lavado de activos es chico. Todos se conocen. Y en ese contexto, en la última semana el nombre de Roberto Durrieu Figueroa fue foco de críticas de sus colegas, por ser asesor del ministro de Justicia, Germán Garavano, y a la vez ser abogado del Hipódromo de Palermo, sociedad que comandan Federico de Achával y Cristóbal López.

En mayo último, Garavano firmó una resolución en la que dejó asentado oficialmente el rol de Durrieu como asesor. Es en el marco del “comité de expertos en materia de control de la delincuencia organizada y la corrupción”, un organismo que depende directamente del ministro y fue creado para asistirlo en las estrategias de prevención, control y persecución de la corrupción. El texto aclara que ese trabajo es ad honorem.

Es que el desempeño profesional de Durrieu se concentra en el Estudio Durrieu Abogados, creado en 1952 por su padre. Durrieu (hijo) es hoy uno de los socios del estudio, que tiene entre su cartera de clientes a la empresa Hapsa (Hipódromo Argentino de Palermo), que en sociedad con Cristóbal López administra las máquinas tragamonedas del hipódromo y del Casino Flotante (ahí también en sociedad con la española Cirsa).

En diálogo con PERFIL, Durrieu reconoció estar asesorando a Garavano pero desmintió todo tipo de vínculos con Cristóbal López. Y admitió tener relaciones personales con De Achával pero no jurídicas, argumentando que no es él quien se encarga de esa cuenta en el estudio. Fuentes cercanas al titular del hipódromo reconocieron el vínculo con el estudio Durrieu, y aseguraron que la relación original era con el padre.

Para distintas fuentes del ambiente del juego, el nombre de Durrieu es conocido. E incluso hay quienes afirman que hay un vínculo directo con Cristóbal López, algo que él desmiente enfáticamente.

Durrieu –que fue asesor de Ernesto Sanz en el Senado– dice sentirse víctima de una “operación” en su contra.  Cree que se debe a sus críticas a uno de los artículos de la ley de blanqueo. Por diversos medios, Durrieu aseveró que el artículo 88 debía ser tildado de “inconstitucional”, ya que le permite a la UIF (Unidad de Información Financiera) compartir información con otros organismos del Estado con facultades de investigación o inteligencia. Así, sostiene, se pueden filtrar datos sensibles sin autorización de un juez (como es hoy). Desde la UIF, que conduce Mariano Federici, responden que la nueva reglamentación está en línea con la que se aplica en gran parte del mundo.

El problema, consideran, es que ahora la UIF va a poder cruzar datos con otros organismos, como la AFIP, cada vez que investigue un movimiento financiero sospechoso. Ya sea en casos mediáticos, como los de Cristóbal López, como en otros desconocidos.
En el medio, también generó ruido y pases de factura en el Gobierno el pase de la UIF de la órbita de Justicia a la de Hacienda.