Dentro de los próximos 15 días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, elevará el texto de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial al presidente Mauricio Macri, como otra de las metas a cumplir del programa Justicia 2020, junto al Código Penal. Aunque reconocen que su aprobación muy probablemente quedará para el próximo Congreso, el Gobierno pretende que ingrese al Legislativo en septiembre.
En la cartera de Justicia se muestran optimistas con el consenso que reunió el anteproyecto por parte de diversos actores de la sociedad, desde magistrados y ONGs hasta la misma Corte Suprema. Argumentan que, gracias al profundo trabajo que realizaron en paralelo a la elaboración de la propuesta procesal, casi la mitad de los jueces de la Argentina ya trabajan, en la práctica, basados en el nuevo sistema, aunque todavía no tenga carácter legal.
El nuevo Código Procesal impactará en forma directa en la Justicia civil y comercial nacional –los tribunales con asiento en la ciudad de Buenos Aires– y en la federal y lo contencioso administrativo, que incluye también los juzgados federales en las provincias. Si bien no comprende a los tribunales provinciales, desde la Rosada confían en que se vuelva un punto de referencia para ulteriores reformas a nivel distrital y así dejar su huella en la reforma judicial.
Quizás uno de los cambios más palpables en materia procesal sea el impulso de la oralidad mediante procesos por audiencias –dos, en total, videograbadas– a cargo de un juez, en forma obligatoria, en reemplazo de los engorrosos y lentos procesos con actas de papel. Consistirá, en esencia, en una audiencia preliminar, una vez respondida la demanda y con el objetivo de depurar la prueba y organizar su producción, y una segunda audiencia de vista de causa o de prueba concentrada, a no más de ochenta días hábiles de la primera convocatoria.
En un informe de la coordinación del Programa Justicia 2020, a cargo de Héctor Chayer, sobre la base de la implementación de la oralidad en los procesos civiles y comerciales entre agosto de 2016 y junio de 2019, se detalla que 15 jurisdicciones y 404 jueces civiles ya aplican procesos orales en este tipo de juicios, lo que equivale al 45,5% de los jueces civiles y comerciales. Asimismo, la duración se redujo a un promedio de 13 a 15 meses.
Otra de las novedades que trae el nuevo Código Procesal Civil y Comercial es el impulso de oficio por parte del juez una vez iniciado, contra el sistema actual que reposaba en las partes y, con frecuencia, dejaba a los expedientes dormidos por largo tiempo. También el deber de colaboración y verdad entre las partes, la digitalización del expediente –a futuro–, la posibilidad de un juicio inmediato y la inclusión de la acción de extinción de dominio, entre otras.
Desde 2017, una Comisión Redactora de juristas y magistrados, aún más grande que la que abordó la reforma del Código Penal, trabajó en la elaboración de un nuevo régimen procesal acorde al Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015, puesto que el anterior, de 1968, había quedado obsoleto. A través de conferencias, publicaciones y jornadas de formación, se presentó ante la Corte Suprema, ONGs y magistrados a fin de sumar aportes y afianzar pautas de mayor eficiencia para el desarrollo y la conclusión de los procesos judiciales en este campo.
