Es evidente que las opiniones respecto de la persona de Amado Boudou y de su trayectoria pública son muy diversas. Algunos lo ven como un estafador que, aprovechando la fragilidad de nuestro sistema político, alcanzó posiciones verdaderamente relevantes desde las cuales intentó, con más o menos éxito, enriquecerse. Otros lo ven como la víctima de un establishment cuyos intereses vulneró y que en venganza lo condenó a la cárcel, convirtiéndolo en un preso político.
Sabemos hoy cómo funciona el sesgo de confirmación: provoca que el cerebro humano seleccione, entre los elementos de lo real, aquellos que confirman sus creencias y descarte los que las cuestionan. Solo así se explica semejante diferencia de opiniones respecto de una misma persona. No se trata de una valoración diferente de lo mismo, algo bueno para unos y malo para otros, sino de construcciones mentales radicalmente distintas.
Si eso ilustra la gravedad de la polarización en la que está la sociedad argentina también sirve para comprender la dificultad que existe para crear un espacio público en el que sea posible discutir posiciones diferentes en el marco de una misma razón. Lo que hay son universos divergentes, que carecen, cada vez más, de puntos de encuentro o, dicho de otro modo, de un lenguaje compartido.
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Pero la solicitada que, el fin de semana pasado, firmó una numerosísima cantidad de personas, cuestionando decisiones judiciales que han pasado diversas exigencias de rigor procedimental, es todavía más preocupante. La creencia de que una gran cantidad de actores del poder judicial de diversos niveles hayan actuado en colusión con agentes económicos y representantes de intereses particulares para sancionar a Boudou en represalia por sus supuestas acciones a favor de los intereses populares revela un bajísimo estándar democrático.
La democracia consiste, principalmente, en reglas. Entre ellas, las que rigen el modo en el que el Estado puede perseguir a las personas y aplicar sobre ellas la ley penal. Y, aunque nuestro sistema jurídico adolece, como todos sabemos, de inmensas debilidades y de no pocos ámbitos de corrupción, la convicción con la que se denuncia un supuesto complot es el paso previo para exigir una justicia que funcione bajo reglas que no sean las del derecho penal liberal.
Será difícil, si no imposible, persuadir a quienes ven en Boudou una víctima de que es principalmente un delincuente. Pero, si no encontramos los modos de restablecer una comunidad de sentido, que comparta no la valoración de los hechos sino su descripción, lo que estará en riesgo no es otra cosa que la estabilidad de nuestra democracia. Y eso solo podrá ocurrir si quienes tienen uso de la palabra pública abandonan los discursos facciosos en pos del diálogo y de la moderación.
