Pocas situaciones plantean dilemas éticos tan extremos como las que exigen resolver la distribución de recursos escasos de los cuales depende la vida. La asignación de vacunas es, dramáticamente, una de esas situaciones.
Para decidir éticamente a quiénes vacunar en primera instancia es necesario establecer con precisión los objetivos buscados. Tres son prioritarios: primero, como en toda campaña de vacunación, reducir la morbilidad y la mortalidad. Segundo, minimizar los efectos de la pandemia sobre la infraestructura social y sobre la economía. Según un trabajo publicado en el British Medical Journal, esto es especialmente relevante en el caso de la pandemia de covid-19, “dada la magnitud del costo económico causado por la pandemia y la importancia de mantener la infraestructura social”. El tercer objetivo consiste en disminuir las desigualdades imperantes en el acceso a los servicios de salud, garantizando inmunidad a las poblaciones que por razones económicas, de género, raciales o cualquier otra estén más afectadas.
Para conseguir estos objetivos no bastan criterios estándar de distribución, como los enunciados por el presidente cuando confirmó que “el Estado Nacional compra, recibe y distribuye (vacunas) a las provincias en forma proporcional a la cantidad de habitantes”. Aunque la casa de gobierno considera que ese criterio es “equitativo”, como lo afirma en su página web, resulta obvio que no tiene ningún sentido distribuir las vacunas disponibles de forma equitativa entre la población, ya que el riesgo de los individuos no está distribuido de ese modo.
Stefanía Purita Díaz: "A mí nadie me acomodó y Ferraresi no tuvo nada que ver con mi vacunación"
Los datos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos indican que, aunque la posibilidad de contraer la enfermedad son más elevados entre la población de 18 a 29 años que respecto de cualquier otro grupo de edad, el riesgo de ser hospitalizado o de morir es más bajo en esa edad que en cualquier otra. Por el contrario, los mayores de 85 años tienen 7900 más chances de morir por covid 19 que los de 5 a 17 años y 530 veces más que los de 18 a 29 años. Los adultos de 65 a 74 años y los de 75 a 84 años tienen respectivamente mil cien y 2800 veces más riesgo de morir de covid que los niños y adolescentes. Del mismo modo, las tasas de hospitalización en esos grupos son 80, 55 y 35 veces más elevadas que entre los niños y jóvenes.
Dado que esta información está ampliamente disponible, y que el Estado nacional y los estados provinciales cuentan con la capacidad de identificar a los grupos de riesgo, sean etarios o por comorbilidades, la política de vacunación implementada, a contramano de los principios universalmente aceptados, constituye una terrible muestra de ineficacia y una gravísima falta ética. Sentarse delante de una cámara y proferir grandes palabras es mucho más sencillo que actuar eficaz y éticamente.
