Casi dos años después de la elección de sus primeros representantes, la Ciudad planea cederles a las comunas las competencias especificadas en la ley que las creó, hace casi ocho años: el control del arbolado, el mantenimiento de veredas y calzadas, y el cuidado de los espacios públicos.
El primer paso, según informó a PERFIL el subsecretario de Atención Ciudadana Eduardo Macchiavelli, serán los árboles. A partir de este año –el decreto reglamentario sería publicado en el Boletín Oficial la semana que viene–, cada una de las 15 comunas tendrá bajo su control la planificación, la ejecución y el control de la poda, el recorte de las raíces, la extracción e incluso la plantación de nuevos ejemplares dentro de su territorio. Los vecinos podrán hacer reclamos, denuncias o pedidos en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC).
Para eso, serían transferidos a las comunas diez ingenieros agrónomos de la Dirección General de Arbolado, y se incorporarían cinco más para completar las 15. Los funcionarios serán los encargados, bajo las órdenes de cada junta comunal, de controlar a las empresas que tercerizan el servicio. En un futuro se prevé que puedan hacer sus propias licitaciones.
A mitad de año sería transferido el mantenimiento de las veredas, uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos. Sin embargo, se calcula que por ahora solamente podrán ocuparse del 30 por ciento. Quedarán afuera los servicios de mantenimiento ya contratados y las obras especiales, como la peatonalización del Microcentro.
Para el bacheo se utilizará un sistema mixto. Los comuneros se ocuparán de la planificación y el control de las obras de mantenimiento programadas, aunque su ejecución seguirá a cargo de la administración central. Pero los problemas más calientes y que más irritan a los vecinos quedarán descentralizados: a cada comuna se le asignará una camioneta con una cuadrilla de operarios para realizar el bacheo de emergencia.
“De esta forma, se acercan la solución y las herramientas de Gobierno adonde están los problemas. Los comuneros, al estar más cerca, tienen más posibilidades de entender mejor los problemas del barrio y asignar prioridades, desde qué vereda arreglar hasta dónde es necesario plantar un árbol”, asegura Macchiavelli.
Lo más polémico del plan probablemente sea el manejo del espacio público. Durante la segunda mitad del año, la administración de unas mil plazas y cerca de 400 plazoletas quedará a cargo de las juntas comunales. Sin embargo, no estarán incluidos 37 parques elegidos por su extensión (como el Saavedra), su valor histórico (como la Plaza de Mayo) o porque tienen un sistema de gestión propio (como el Jardín Botánico).
Desde la oposición sospechan que la elección puede estar relacionada con el viejo plan de concesionar bares en plazas sin participación comunal. “Siempre se habló de una restricción, pero esa cantidad es una exageración”, se queja el legislador Rafael Gentili (Proyecto Sur).
La interpretación de la Ley de Comunas y las demoras en su implementación generan discusiones tanto entre los legisladores como entre los mismos comuneros. “Todo lo que sea avanzar algo en el poder de las comunas está bien. Pero el avance es muy lento, y el concepto es erróneo: el Gobierno sólo habla con los presidentes de cada comuna, y en lugar de ser un cuerpo colegiado de siete miembros, cada comuna termina siendo manejada por una sola persona”, agrega.
“Tuvieron que empezar a transferir, porque lo dice la ley, pero no tenemos presupuesto ni podemos licitar contratos”, concuerda el comunero de Recoleta Luciano Umerez (Movimiento Emancipador). El presidente de la Comuna 13, Gustavo Acevedo (PRO), defiende la implementación: “Todo lo que se transfiera va a venir con el personal necesario”.
Con poder de policía
Desde el año pasado, las comunas tienen poder de policía sobre sus competencias y hasta pueden labrar infracciones.
Para eso, desde principios de año se transfirieron 55 inspectores de Espacio Público y se planea incorporar 15 más. Podrán hacer multas a quienes saquen la basura fuera de horario o estacionen sobre la vereda. Se ocuparán también de los carteles ilegales y los restaurantes con mesas afuera sin autorización. Lo que pone más ansiosos a los comuneros del PRO es la posibilidad de multar a quienes utilicen el espacio público de forma indebida: los manteros. Sin embargo, la implementación de estas facultades aún no está completa. Según informaron varios comuneros, incluso oficialistas, los talonarios para labrar las actas llegaron con una sorpresa: tienen lugar para apenas ocho infracciones.
También fueron transferidos unos 200 guardianes de plazas, aunque sólo los contratados, ninguno de personal de planta. Y algunos comuneros se quejan de que los empleados se niegan a ejercer sus funciones bajo la nueva conducción.
